Evo Morales acusa a Arce de persecución tras la activación de alerta migratoria y asegura que no abandonará Bolivia

El expresidente Evo Morales acusó al mandatario Luis Arce de emprender una persecución política en su contra, afirmando que no saldrá del país y que continuará “luchando” contra lo que denominó un “gobierno dictatorial”. Estas declaraciones surgieron luego de que se conociera la activación de una alerta migratoria en el marco de una investigación por trata y tráfico de personas que adelanta el Ministerio Público de Tarija.

“El gobierno de Luis Arce solo trae hambre para el pueblo y persecución para los líderes sociales”, escribió Morales en su cuenta de X, reiterando su compromiso de permanecer en Bolivia. “Desde el primer momento dejé claro que no abandonaré a mi pueblo ni a mi país. Lucharemos juntos contra este gobierno dictatorial”, agregó.

El exmandatario también denunció una intensificación de los ataques en su contra. “Además de las decenas de denuncias y juicios llenos de falsedades; de los presos y perseguidos políticos; de los intentos de atentar contra mi vida y la de mi familia; ahora continúan con la guerra judicial a través de alertas migratorias”, señaló.

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó el pasado lunes que Morales fue imputado formalmente y existe un mandamiento de aprehensión en el marco de una denuncia que lo vincula con el supuesto embarazo de una adolescente de 15 años cuando ejercía como presidente en 2016. Gutiérrez indicó que la orden de aprehensión y la alerta migratoria se emitieron el 16 de octubre, aunque hasta ahora no se han ejecutado debido a diversas circunstancias, incluyendo riesgos para la seguridad de los funcionarios policiales.

El miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó que el Ministerio Público solicitó a la Dirección General de Migración la activación de la alerta migratoria contra Morales como parte de la investigación.

Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, enfatizó que todas las personas investigadas deben cumplir con las convocatorias judiciales, sin privilegios ni excepciones. “Más aún si se trata de un caso relacionado con menores de edad. Es simple: se responde ante la justicia, se aclara si es cierto o no, pero no se evade ni se victimiza alegando persecución judicial”, puntualizó Alcón.

La polémica continúa mientras Morales mantiene su postura de resistencia y acusa al gobierno de utilizar la justicia como un instrumento de represalia política.