El Gobierno de Venezuela rechazó de modo contundente este miércoles, en los términos más enérgicos, la reciente imposición de medidas coercitivas y unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra el pueblo del país suramericano y un grupo de funcionarios de seguridad y del gabinete gubernamental del presidente Nicolás Maduro.

Por medio de un comunicado, el Gobierno venezolano denunció que las medidas fueron dictadas además «contra un grupo de patriotas quienes desde sus funciones se han dedicado a salvaguardar la paz, la estabilidad, la recuperación económica y la unidad nacional ante la violencia fascista diseñada, financiada y promovida desde Washington, contra la voluntad democrática del pueblo venezolano».

Asimismo, el documento destaca que las medidas constituyen un acto desesperado del Gobierno saliente, al que calificó de decadente y errático, que persigue ocultar su evidente fracaso electoral y la crisis social en que deja a los EE.UU.

«Estas medidas no promueven la democracia en Venezuela sino que buscan dar un último aliento a un grupo fascista disperso y desprestigiado que no tiene arraigo en la población venezolana, para prolongar así su fracasada política de cambio de régimen», subraya el documento.

Venezuela reafirmó además su compromiso de continuar consolidando el modelo democrático, participativo y protagónico. De la misma manera, ratificó su voluntad de continuar fortaleciendo la economía.

Reiteró además que no podrá ser doblegado el pueblo de Bolívar y Chávez, y reafirmó el carácter irreversible hacia la consolidación de la paz y la estabilidad política y social.

Tras el anuncio de las nuevas sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el Gobierno de Nicaragua emitió un comunicado por medio del cual condenó, repudió y rechazó las agresiones, ratificando la Unión Soberana y la Alianza Revolucionaria en todo momento y circunstancia entre Nicaragua y Venezuela.

Por su parte, EE.UU. alega que las sanciones se dirigen a funcionarios implicados en lo que describe como «represión de las denuncias de fraude electoral» por parte de la oposición.

Entre los sancionados figuran miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

De la misma manera, impuso restricciones de visado a «individuos alineados con Maduro», por lo cual unas 2.000 personas resultan afectadas con la medida.

Aunque EE.UU. se escuda en la defensa de la «democracia» y la «libertad de expresión», pero en realidad se trata de una escalada de la guerra contra Venezuela, para desestabilizar y socavar la soberanía del país.