En un escenario marcado por el aumento de precios y la escasez de divisas, el Gobierno ha decidido flexibilizar las condiciones de los contratos para obras públicas en ejecución. Mediante el Decreto Supremo 5321, se permitirá, de manera excepcional, modificar los contratos para ajustar los precios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados. Esta medida estará vigente hasta el 30 de mayo de 2025.

El decreto también autoriza a las entidades públicas a solicitar recursos adicionales al Tesoro General del Estado si sus presupuestos resultan insuficientes para cubrir estos ajustes. Además, se habilita la entrega de uno o más anticipos adicionales en los contratos, siempre que su suma no supere el costo total de los materiales, equipos y maquinaria importados pendientes de adquisición.

En lo que respecta al combustible, el Decreto Supremo extiende hasta la misma fecha la posibilidad de ajustar los precios de diésel y gasolina, ya sea adquiridos directamente en el mercado internacional o mediante proveedores privados locales.

El presidente Luis Arce justificó estas decisiones señalando que son necesarias para "asegurar la calidad y continuidad de los proyectos de inversión pública en colaboración con el sector privado", según expresó en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, destacó que los insumos importados son indispensables para las obras de infraestructura, reconociendo que los altos costos en el mercado internacional y la falta de divisas han complicado la situación.

La Cámara de Constructores celebró la emisión de este decreto, calificándolo como un alivio ante los desafíos que enfrenta el sector, entre ellos el desabastecimiento de divisas y combustible, además del incremento sostenido de precios.