La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) expresó su rechazo a una disposición propuesta en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE), que habilitaría la intervención de las cadenas productivas por parte de las autoridades.

Según la CAO, esta medida podría desarticular las cadenas productivas, afectando directamente a la población. La disposición, justificada como una forma de garantizar el abastecimiento, contempla la posibilidad de confiscar o decomisar productos a actores del sector alimenticio que almacenen, retengan, o busquen encarecer precios.

La organización advirtió que estas restricciones y amenazas solo aumentan la inseguridad y desmotivan a los productores. Asimismo, recordó que medidas previas, como la imposición de restricciones a las exportaciones y la implementación de bandas de precios, ya han desacelerado el crecimiento de varios sectores. Como consecuencia, Bolivia ha tenido que importar en grandes volúmenes alimentos básicos como arroz y maíz para satisfacer el consumo interno.

“La especulación se combate incrementando la oferta, pero si no existen condiciones adecuadas para la producción, las amenazas no generarán más productos de la noche a la mañana”, subrayó la CAO.

Para el sector agroindustrial, es inaceptable que los productores y sus familias vivan en constante incertidumbre debido a normativas que consideran coercitivas y propensas a la extorsión. “No es justificable que la población pague un costo de vida elevado debido al manejo irresponsable de las políticas públicas”, afirmó la entidad.

Finalmente, la CAO instó a la Asamblea Legislativa a rechazar la inclusión de esta disposición en la Ley del PGE, calificándola como una “intervención indiscriminada” que podría desestabilizar las cadenas productivas en el país.