Este miércoles, diversos sectores que se oponen a la disposición adicional sobre confiscación, incluida en la Ley Financiera, se reunieron para reafirmar su rechazo. El 10 de febrero se llevará a cabo un paro nacional convocado por diferentes actores de la cadena productiva, quienes rechazan la disposición adicional séptima de la ley, que establece el decomiso de productos en casos de presunto agio y especulación de precios.

El Gobierno calificó esta medida como "extrema" y reiteró su llamado a establecer una mesa de diálogo para tratar el tema. Así lo expresó el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, durante una conferencia de prensa el mediodía de este miércoles.

Montenegro aseguró que el Gobierno ha propuesto un mecanismo de diálogo, señalando que tanto el Ministro de Desarrollo Rural, el Ministro de Desarrollo Productivo y el Ministro de Justicia han instado a sentarse en mesas de trabajo para encontrar soluciones, pero hasta el momento no han recibido una respuesta positiva.

En ese contexto, el Ministro consideró que "tomar medidas radicales", como el paro, "no se alinea con la cultura de diálogo del pueblo boliviano", por lo que lo calificó como una medida extrema.

Este mismo miércoles se llevó a cabo el cuarto encuentro multisectorial en Tarija, en el que participaron diversos actores de la cadena productiva que se oponen a la disposición séptima de la Ley Financiera. Desde hace varias semanas, sectores como agropecuarios, transportistas, gremiales, industriales, exportadores y cuentapropistas han unido fuerzas contra esta disposición, que establece el "control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos" en aquellos actores de la comercialización de alimentos que almacenen, retengan o busquen encarecer los precios.