La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un arancel del 25% a México ha desencadenado una crisis sin precedentes entre ambos países, tradicionalmente aliados en temas clave como comercio, seguridad y migración.

El conflicto se intensificó cuando Trump justificó la medida acusando al gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de mantener una “alianza” con los cárteles del narcotráfico. La Casa Blanca respaldó esta postura afirmando que estas organizaciones criminales representan una amenaza para la seguridad nacional y la salud pública de EE.UU.

Sheinbaum rechazó tajantemente la acusación, calificándola de “calumnia” e insistiendo en que la verdadera complicidad con el crimen organizado se encuentra en las armerías estadounidenses, principales proveedoras de armas para los grupos delictivos en México. En respuesta a las medidas de Washington, anunció la implementación de aranceles y otras acciones económicas en defensa de los intereses mexicanos, aunque sin precisar detalles.

Este conflicto marca un punto de quiebre en la relación bilateral. Si bien en el pasado EE.UU. había señalado vínculos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico, nunca antes había acusado directamente al gobierno del país vecino. Según el exembajador Agustín Gutiérrez Canet, esto representa un precedente preocupante que podría derivar en mayores tensiones diplomáticas y comerciales.

A nivel interno, Sheinbaum ha insistido en que su administración ha intensificado la lucha contra el narcotráfico, decomisando toneladas de drogas y realizando miles de detenciones. Sin embargo, la presión de Trump parece apuntar a forzar concesiones en temas como seguridad y migración, especialmente en el marco del tratado comercial T-MEC.

Mientras tanto, la crisis se extiende más allá de América del Norte. Canadá ha respondido con represalias comerciales contra EE.UU., y la Unión Europea ha advertido que tomará medidas firmes si Washington aplica aranceles injustificados a sus productos.