El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) presentó este miércoles la sentencia constitucional 007/2025 como un “hito histórico” en la vida democrática del país. A través de este fallo, se establece que ninguna persona podrá ejercer el cargo de presidente o vicepresidente de Bolivia por más de dos mandatos, ya sean continuos o discontinuos.

Durante una conferencia de prensa, el decano del TCP, Yván Espada, explicó que esta determinación tiene efecto inmediato y es aplicable también a gestiones pasadas. “Ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de dos veces el cargo electo de presidente o vicepresidente, sea de forma continua o discontinua”, afirmó, dejando claro que la sentencia se aplica a los periodos ya concluidos y también a las candidaturas en curso.

Este criterio inhabilitaría al exmandatario Evo Morales, quien ya ejerció la presidencia en tres ocasiones. Desde el sector "evista" se cuestionó la legalidad del fallo, argumentando que contradice la Constitución Política del Estado, que solo restringe la reelección continua, y que no puede aplicarse de forma retroactiva. No obstante, Espada sostuvo que la sentencia es de cumplimiento obligatorio y no admite excepciones.

“El criterio es plenamente aplicable a todos los procesos en curso, sin distinción alguna. Toda candidatura que pretenda ignorar esta disposición, quedará fuera del marco constitucional”, advirtió.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los nueve magistrados del TCP, quienes señalaron que el objetivo es brindar certidumbre jurídica de cara a las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025.

En la rueda de prensa participaron todos los tribunos, aunque solo intervinieron Espada y el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, ambos señalados por sectores críticos como "autoprorrogados" por continuar en funciones pese al vencimiento de sus mandatos. Ambos defendieron la resolución como una medida en resguardo de la democracia.

Finalmente, Espada instó a iniciar un proceso de reforma constitucional que refuerce el Estado de derecho. “Es el momento de empezar a construir una reforma constitucional que asegure la vigencia y el ejercicio del Estado constitucional de derecho”, concluyó.