En una decisión que generó fuertes reacciones en Santa Cruz, cinco líderes cruceños, entre ellos Luis Fernando Camacho Vaca; el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Remberto Cuéllar Téllez, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo Bravo; el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas Banegas; y el asesor de la Uagrm, José Luis Santistevan Justiniano, han sido imputados por una serie de supuestos delitos por los 36 días de paro por el Censo en Santa Cruz. La imputación provocó un debate acalorado sobre la presunta persecución política y la limitación del derecho a la libre protesta en el país.

María René Álvarez, diputada de Creemos, expresó su preocupación diciendo: “La persecución no para, lo único que ha puesto el Gobierno nacional como objetivo es la persecución política, acallar las voces y seguir implantando esta línea autocrática dictatorial que hoy por hoy nos gobierna”.

El Comité Cívico pro Santa Cruz, encabezado por Fernando Larach, también condenó la imputación, calificándola como un “nuevo acto de persecución política”. Larach subrayó que se criminaliza el derecho a la protesta, un derecho constitucionalizado, y manifestó su apoyo a los líderes imputados.

Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, una de las figuras imputadas, incluso sugirió poner libros a disposición de la ciudadanía como testigos. Larach señaló que considerarán todas las acciones posibles para apoyar la defensa de los líderes imputados.

Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, enfatizó que esta imputación es una “persecución política” contra líderes de la oposición y llega en un momento de fragmentación en el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los cinco líderes enfrentan cargos que incluyen “resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas”, entre otros. Aunque la controversia persiste, la imputación marcó un nuevo capítulo en la agitada escena política boliviana.