Fernando Molina/El PAÍS

La organización política más poderosa de la historia de Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS), hoy se desangra por la batalla sin cuartel entre su líder histórico Evo Morales y los “renovadores” del presidente Luis Arce, que acaban de arrebatarle la dirección legal del partido. Según las encuestas, la mayoría de la población quiere un cambio tras el largo dominio izquierdista de la política boliviana.

El MAS ha sido el “instrumento político” de los sindicatos bolivianos durante 30 años, de los cuales los últimos 20 ha tenido hegemonía en un país que, antes de él, carecía de mayorías electorales contundentes. Desde 2006, nunca ha perdido una elección presidencial, y todas excepto una las ha ganado con mayorías absolutas.

Aunque funcionaba como una alianza de “organizaciones sociales” y no como un partido político, para participar en elecciones tuvo que convertirse formalmente en uno y ajustarse a la legislación nacional. Con el tiempo, esto ha resultado contraproducente para Morales y favorable para Arce que, en su condición de presidente del país, ha logrado una mayor influencia sobre los tribunales de justicia, tanto sobre los ordinarios como los electorales. El jueves, el Tribunal Constitucional boliviano determinó reconocer la directiva arcista del MAS y, simultáneamente, apartar al único presidente que este partido había tenido desde su fundación, es decir, a Morales. Se espera que el Tribunal Electoral acate esta decisión reconociendo como jefe del MAS a Grover García, un dirigente cercano al Ejecutivo.

Envuelto en la bandera azul del MAS, que en el pasado contó con la fidelidad inquebrantable de los campesinos bolivianos, es decir, de un 30% del electorado, Arce puede intentar reelegirse en las elecciones de 2025, aunque las encuestas le son adversas. La mayoría lo rechaza por su manejo de la crisis económica, que actualmente se expresa en una aguda escasez de combustibles y dólares, y en una creciente inflación de los bienes de primera necesidad por la devaluación informal de la divisa estadounidense.

Los dueños de vehículos bloquean intermitentemente las calles de las principales ciudades para exigir que el Gobierno llene con suficiente combustible las bombas de las estaciones de servicio, pero esto no ocurre. El diésel está racionado porque el país no cuenta con suficientes dólares para importarlo en las cantidades necesarias.

Cerca de la desesperación por la inexistencia de recursos para mantener el aparato productivo funcionando, Arce ha suspendido por un año el monopolio estatal de la importación y venta al por mayor de hidrocarburos, y ha autorizado que estas tareas sean cumplidas por los empresarios privados. Se trata de una importante ruptura de la política estatista que ha regido en el país desde la nacionalización del petróleo de 2006. En el corto plazo, significará la coexistencia de precios fijados y subvencionados del diésel y la gasolina con precios internacionales. Los ciudadanos podrán comprar el litro diésel en algunos surtidores y algunas ocasiones a 3,7 bolivianos (0,5 dólares); en otros, tendrán que pagar aproximadamente 14 bolivianos (dos dólares) por litro. La incertidumbre sobre los efectos políticos de una situación como esta es elevada.

De todas maneras, los seguidores de Arce festejaron con gran alegría el fallo constitucional que, según ellos, “devolvió el MAS a las bases”. La sala del Tribunal Constitucional que le quitó la presidencia del partido a Morales , conformada por dos magistrados que son acusados de obedecer al oficialismo, también, en una sentencia separada, lo inhabilitó para ser presidente o vicepresidente del país de por vida.

Morales se ha sobrepuesto a momentos de mucha adversidad durante su larga biografía política, pero ahora parece haber sufrido un jaque mate. No solo porque ya no puede participar legalmente en las elecciones; tampoco lo pueden hacer, al menos usando el acrónimo del MAS, otros dirigentes de su facción, como Andrónico Rodríguez, presidente del Senado. Al mismo tiempo, el expresidente enfrenta una orden de detención en una causa por presunto abuso de menores. Morales ha resistido hasta ahora el arresto refugiado en el Chapare, la región cocalera del centro del país que es también su bastión político.

Morales ha desconocido la resolución del Constitucional, argumentando que sus integrantes se hallan fuera de su mandato legal y, por tanto, todos sus actos son nulos. Ha pedido, al mismo tiempo, “paciencia y serenidad” a sus adherentes. El 22 de noviembre próximo, el expresidente reunirá a sus principales colaboradores para preparar una respuesta a la andanada del oficialismo. Varios dirigentes del evismo están presos o son buscados por los bloqueos de caminos que organizaron en octubre.

Los sondeos indican que la mayoría de los bolivianos busca dejar atrás la larga experiencia del “socialismo comunitario”, como los izquierdistas bolivianos llaman a su ideología. Más del 70% piensa votar por la oposición. El punto está en que esta se halla dividida en unos 17 precandidatos, algo que también aumenta la incertidumbre sobre el futuro del país. Sin embargo, algunos ya van destacando del conjunto, alentados por el rechazo popular a la crisis y también a la pelea entre los dos MAS, uno legal y otro factual.