El pedido de ‘declaración virtual’ que habían solicitado cinco autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al comité de Ministerio Público les fue concedido; sin embargo, llegado el momento los magistrados denunciados decidieron acogerse a su derecho a guardar silencio, en dos denuncias que presentaron contra ellos ante el parlamento.

“Nosotros tenemos otras herramientas, de acuerdo al procedimiento, podemos solicitar mediante requerimientos, información y documentación. La parte denunciante también va a jugar un rol muy importante porque tiene que probar los hechos denunciados a través de diferentes medios de prueba, como también los denunciados pueden hacer sus descargos de manera escrita”, dijo la diputada Lidia Tupa (MAS-ala arcista), luego de la audiencia virtual que concedieron a los autoprorrogados.

Los autoprorrogados Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navia, Isidora Jiménez Castro, Julia Cornejo Gallardo y Brígida Vargas Barañado fueron denunciados por los delitos de, resoluciones contrarias a la Constitución, prevaricato, usurpación de funciones y nombramientos ilegales ante la Cámara de Diputados para que les inicien un juicio de responsabilidades.

Su comparecencia debía realizarse el jueves, sin embargo, estos solicitaron declarar en audiencia virtual ante la imposibilidad de conseguir pasajes a La Paz, los arcistas accedieron entonces a escucharles por vía virtual y cuando se presentaron, este viernes indicaron que se acogían a su derecho a guardar silencio y la audiencia fue suspendida.

De acuerdo con los datos de la propia comisión, se trata de dos denuncias, la primera presentada por María Oporto Balboa y Rene Navarro Miranda en contra de Hurtado y Espada; la segunda, presentada por Wilson Santamaria contra de Hurtado, Espada, Cornejo, Jiménez y Vargas.

El procedimiento

Al ser magistrados del TCP les protege a Ley 044 de juzgamiento a altas autoridades de Estado, por esa razón se debía denunciar ante la Cámara de Diputados. Según esta ley, el comité de Ministerio Público hace de investigador y luego eleva su informe a la comisión de Justicia Plural, que también está en manos del arcismo.

La comisión hace el papel de Fiscal y presenta su acusación ante un juez de instrucción, que en este caso lo desempeña la Cámara de Diputados, esta instancia legislativa, en manos de los arcistas debe aprobar el proceso contra los acusados por dos tercios de voto y de ese modo el caso pasaría a la Cámara de Senadores.

La Cámara Alta desempeñaría el papel de juez de sentencia y ahí, también acusa el fiscal (comisión de Justicia Plural) y el Senado puede emitir su sentencia por el voto de dos tercios de los presentes.

En 2024 también presentaron denuncia contra los autoprorrogados y el presidente de la comisión era el diputado Froilán Mamani (MAS-ala arcista), de ese modo se logró anular el caso y los autoprorrogados no fueron juzgados.