El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 10 años de prisión para ocho de los responsables de la presunta compra irregular de 324 respiradores chinos durante la pandemia, entre los que se incluye a la exministra de Salud del gobierno de facto, Eidy Roca, y el exviceministro Elías Cordero.

“El Ministerio Público está solicitando una sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes”, informó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, en conferencia de prensa.

Los delitos por los que se les acusa son contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.

Entre los acusados está también el exasesor jurídico del Ministerio de Salud, J.S.C.; la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, G.M.R.; el exjefe de unidad de Redes y Servicios de Salud, J.C.A.; el exjefe de la Unidad Financiera M.A.P.; una exconsultora del ministerio,V.V.G.; y el representante legal de la empresa que vendió los ventiladores, E.D.P.

Las ocho personas estarían involucradas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 324 respiradores pulmonares de origen chino, durante el primer semestre de 2020, durante la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, que provocó una afectación económica al Estado de más de $us 10 millones.

Una gran cantidad de estos respiradores fueron distribuidos sin haber sido recibidos de manera formal por la comisión designada.

“De forma posterior, esta comisión de recepción advierte y concluye que no se cumple con 40 puntos detallados en las especificaciones técnicas solicitadas y no dando su conformidad en la recepción de los equipos. A pesar de conocerse esos antecedentes, se firma una segunda enmienda en el contrato, en mérito de un informe que recomienda realizar esta actuación”, explicó el fiscal.

En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria; entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista - técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19, entre otras.