El Gobierno ha presentado un nuevo protocolo destinado a controlar las interrupciones viales y las manifestaciones, denominado "Protocolo de Orden Público", con el propósito de mantener la circulación sin obstáculos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Manuel Adorni, portavoz del Gobierno, anunció que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindará información detallada sobre este plan más tarde en el día.

Este protocolo implica sanciones severas para aquellos que obstaculicen el libre tránsito de los ciudadanos argentinos, incluyendo a quienes corten las vías, proporcionen transporte, organicen o financien estas actividades, según precisó Adorni desde Casa Rosada en una breve exposición.

El anuncio oficial parece ser una advertencia ante las protestas latentes generadas por algunos sindicatos y grupos sociales en rechazo a las políticas económicas que han causado un aumento significativo en la inflación, especialmente en los precios de los alimentos.

Esta iniciativa guarda similitudes con un esquema anterior desarrollado por Patricia Bullrich durante su mandato como Ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, con el objetivo de controlar las manifestaciones públicas y evitar alteraciones en las calles.

Aunque la idea actual guarda semejanza con la implementada en 2017, fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que el actual "Protocolo de Orden Público" tendrá algunas diferencias con el presentado hace seis años, aunque no especificaron cuáles serían estas variaciones.

El anuncio de hoy surge después de que la Unidad Piquetera (UP), integrada por organizaciones de izquierda, confirmara la realización de un "paro activo" en la Plaza de Mayo el próximo miércoles, en conjunto con otros sectores, como movimientos obreros, sindicatos docentes y la Unión Ferroviaria, en rechazo a las medidas económicas anunciadas por Caputo, a las que consideran perjudiciales para los trabajadores.

Esta manifestación está programada para coincidir con el 22 aniversario de las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde hubo represión por parte del gobierno de Fernando de la Rúa, resultando en numerosas muertes y finalmente en la renuncia del presidente.

En otros sectores, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado su desacuerdo con las medidas anunciadas por Luis Caputo, alegando que perjudican al pueblo y no a la élite, lo que generará una mayor inflación y afectará el poder adquisitivo de los salarios. Han solicitado al Gobierno iniciar un diálogo y han advertido sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza.

Ante esta situación, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha instado a la prudencia al sindicalismo, solicitando esperar a que se tomen medidas concretas. Destacó la situación heredada de los últimos 20 años y pidió comprensión dado el corto tiempo de gestión del nuevo Gobierno.