El presidente Luis Arce decidió derogar el Decreto Supremo 5143, relativo a Derechos Reales, tras recibir reclamos de diversos sectores que especulaban sobre su contenido y advertían de una supuesta intromisión estatal en la administración de propiedades.

“Hemos decidido derogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión o convulsión social que se esté buscando. No queremos que se utilicen estas herramientas con fines políticos”, expresó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

“Seguramente hemos afectado intereses que no desean la modernización de Derechos Reales, lo que ha sido distorsionado y manipulado”, justificó Arce.

El presidente opinó que algunos grupos han utilizado “elementos sensibles para confundir” a la población sobre esta norma, generando así su rechazo.

En este sentido, advirtió sobre “un plan de convulsión para las próximas semanas” y señaló que los promotores de dicho plan buscan utilizar este y otros temas para justificar y ejecutar sus objetivos.

La decisión se tomó tras una solicitud de la Central Obrera Boliviana (COB). Su secretario ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, indicó que fue una petición de sus organizaciones afiliadas, aunque reconoció que surgió debido a “mala información y la cizaña” de algunos actores.

El decreto tenía como objetivo transparentar los trámites de propiedades en las oficinas de Derechos Reales y desburocratizar un procedimiento que en algunos casos podía tardar entre dos y hasta tres años.

El ministro de Justicia, Iván Lima, defendió el contenido de este decreto y afirmó que buscaba “transparentar” la administración de Derechos Reales, especialmente en la recaudación de recursos por los trámites. “Hay un hoyo negro en la recaudación”, advirtió.

Desde su promulgación, varias autoridades, incluyendo la viceministra de Justicia, Jessica Saravia, y el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicaron el contenido y alcance de la norma ahora derogada.