La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles, 13 de diciembre, el primer informe de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política y social de Bolivia en 2019.

El informe, elaborado por la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (Meseg), destaca que el país solo cumplió cabalmente cuatro de las 36 recomendaciones.

Las recomendaciones cumplidas cabalmente son:

- La creación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia.

- La presentación del plan de reparaciones a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.

- La realización de un foro sobre racismo y perspectiva de género.

- El avance para dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía sobre violaciones graves a los derechos humanos.

El relator para Bolivia, José Luis Caballero, destacó los avances que existen para quitar de la normativa penal los delitos de sedición y terrorismo, que afines al Gobierno usaron para acusar a varios de sus detractores políticos. También resaltó el avance en la creación de mecanismos nacionales contra la tortura.

Sin embargo, Caballero enfatizó que la CIDH “ve un escaso avance” en las investigaciones de la crisis política del 2019. Además, recomendó trabajar en una ley para resarcir daños a las víctimas.

“Concretamente, el objetivo del informe ha sido determinar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, en particular aquellas priorizadas sobre reparación y las graves vulneraciones de los derechos humanos”, dijo el comisionado relator.

Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, aseguró que Bolivia es un país que respeta el trabajo de la CIDH y que uno de los principales compromisos es "darle respuesta al dolor de las víctimas a través de la justicia".

La CIDH se quedará en Bolivia hasta este jueves14 de diciembre. En este tiempo se reunirá con distintos actores de la sociedad e instituciones del Estado para hacer seguimiento al informe.