Caso contra Evo Morales sigue en Tarija: juez confirma jurisdicción y Fiscalía denuncia amenazas

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que un juez ratificó que el caso en el que se investiga a Evo Morales por presunto delito de trata y tráfico de personas debe ser llevado en Tarija, a pesar de los intentos de la defensa del expresidente de trasladarlo a Cochabamba. La defensa de Morales presentó una acción de libertad argumentando que Tarija carecía de jurisdicción, pero el recurso fue rechazado. Gutiérrez denunció además haber recibido amenazas debido a su labor en este caso.

El martes finalizó el periodo de 10 días de reserva en la investigación, y Gutiérrez explicó que, a pesar de los avances, se han enfrentado múltiples intentos de entorpecer el proceso mediante diversos recursos legales. “Hemos recibido numerosas denuncias de incidentes, acciones de libertad y excepciones, pero todos fueron rechazados”, señaló.

Intentos de trasladar el caso y obstáculos para la Fiscalía

El caso, que se conoció públicamente a principios de octubre, involucra una acusación contra Evo Morales por una supuesta relación sentimental con una menor de edad, así como a los padres de la víctima. La defensa presentó en Villa Tunari una acción de libertad, pero la audiencia fue programada rápidamente en Cochabamba, imposibilitando la asistencia de los fiscales de Tarija. Sin embargo, el juez también desestimó ese recurso.

Gutiérrez destacó las dificultades logísticas de trasladarse en pocas horas a otra región sin contar con medios adecuados, señalando que presentaron un informe en respaldo de la competencia de Tarija. “No tenemos un avión privado para trasladarnos rápidamente, pero argumentamos que Tarija tiene jurisdicción para este caso”, aclaró.

Avances en la investigación

La fiscal también indicó que ya se han recopilado cuatro cuerpos de cuadernos de investigación, con evidencias e indicios relevantes. Además, han solicitado información a instituciones como el Servicio General de Identificación Personal (Segip), el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y Boliviana de Aviación (BoA), en un esfuerzo por continuar con las pesquisas del caso.