Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) anunciaron una proposición acusatoria para un eventual juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce por la restitución del censurado ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Según explicaron los legisladores de oposición en conferencia de prensa, corresponde acusar al mandatario por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

En criterio del diputado Enrique Urquidi, su alianza oficializa la proposición acusatoria en razón de la flagrancia de la comisión del delito. “Ésta es una señal y acción que la encaramos en el marco de exigir respeto a la institucionalidad de la Asamblea Legislativa”, justificó el legislador.

Exigimos al presidente Arce “que cambie de actitud, porque, como Asamblea Legislativa, vamos a hacer respetar la organicidad y nuestras prerrogativas constitucionales”, afirmó.

El presidente Luis Arce congratula al ministro Eduardo del Castillo al restituirlo en sus funciones. Foto: LuchoXBolivia

Citada por Erbol su colega Luis Nayar sentenció: Que Arce “vaya alistando sus pilchas, porque en Chonchocoro hace frío”.

El 27 de junio, el ministro Del Castillo fue censurado luego de una interpelación por el caso de vehículos robados en Chile, descubierto en 2022. De 142 legisladores que asistieron a la Asamblea Legislativa, 101 votaron por la censura y 44 en contra.

La sanción fue posible con el voto de CC, Creemos y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dos días después, el presidente Arce, en cumplimiento del parágrafo 18 del artículo 158 de la Constitución, destituyó de sus funciones a Del Castillo. Al rato, lo restituyó en el cargo. Entonces, arguyó que “a pedido del pueblo” tomó la decisión de designar de nuevo al ministro y revindicó el cumplimiento de la Constitución.

Legisladores evistas y de oposición cuestionaron la medida y la compararon con la de la expresidenta Jeanine Áñez, que en 2020 restituyó en el puesto a los ministros censurados Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas.

Según la Ley 044, del 8 de octubre de 2010, el Ministerio Público deberá analizar la proposición acusatoria para determinar, en un plazo máximo de 30 días hábiles, si corresponde o no un requerimiento. O también rechazar la acción “dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable”.