El ahora exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, reveló previo a su salida del cargo, que el Gobierno nacional gasta 2.000 millones de dólares para subvencionar la gasolina y el diésel. De este monto, el Estado pierde aproximadamente 600 millones de dólares debido al contrabando de combustibles a través de las fronteras.

En un reporte ministerial, el país enfrentó problemas con la subvención desde hace más de dos décadas.

Hace 15 años, la subvención de combustible era de 200 millones de dólares, pero, para el año 2023, la cifra ascendió a más de 2.000 millones de dólares y se prevé un monto similar para este año 2024.

La nueva autoridad de esta cartera de Estado, Alejandro Gallardo, durante el acto de posesión en la Casa Grande del Pueblo, dijo que apunta a reducir la dependencia de los combustibles importados mediante acciones que permitan la diversificación de opciones.

Desde el Gobierno defienden que los precios de los combustibles en Bolivia siguen siendo los más bajos de la región, lo que ha llevado a que casi el 30% del combustible (equivalente a alrededor de 600 millones de dólares) sea desviado hacia países vecinos como Chile, Perú, Paraguay y Brasil.

Por otra parte, el exministro Molina destacó la necesidad urgente de reformar las políticas relacionadas con la subvención, porque se volvió en una situación insostenible para el Estado y para los consumidores.