El intento de excluir la candidatura encabezada por Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, de la segunda vuelta electoral en Guatemala ha disparado todas las alarmas entre las fuerzas democráticas del país centroamericano. Representantes de la oposición, juristas, organismos internacionales y la Administración de Joe Biden rechazan la decisión de un juzgado que el miércoles inhabilitó la formación progresista que obtuvo el 12% de los votos en los comicios del pasado 25 de junio. El partido presentó un recurso constitucional para impugnar el fallo y la Corte de Constitucionalidad ha otorgado un amparo provisional al Movimiento Semilla que protege por el momento la participación de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta electoral. Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral ha solicitado este jueves dejar sin efecto la orden del juez y así mantener la convocatoria de la segunda vuelta, fijada para el 20 de agosto. Hasta que el Constitucional no dicte sentencia, en cualquier caso, la amenaza sobre la cancelación del partido persiste. El Movimiento Semilla, surgido al calor de las protestas de 2015 contra la deriva institucional del país, afronta una causa penal promovida por Rafael Curruchiche, un fiscal sancionado por Estados Unidos por corrupción.

Guatemala está todavía a un paso de un golpe técnico, en opinión del excanciller Gabriel Orellana, hoy abogado. “Burdo, pero al final golpe”, señala. A esa conclusión llega después de examinar la orden del juez que busca dinamitar la formación de Arévalo, que interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar evitar que las autoridades electorales cumplan con una disposición “ilegal e inconstitucional”. Acatar la orden de un juez que se entromete en las funciones del Tribunal Electoral plantea una ruptura de la ley fundamental, según los juristas consultados, y además es ilegal, porque ningún partido puede ser suspendido durante un proceso electoral. En este contexto, de acuerdo con el análisis más extendido, el intento de excluir a Arévalo de la contienda electoral persigue la imposición de una segunda vuelta entre la ex primera dama Sandra Torres (conservadora) y un candidato oficialista afín al actual presidente, Alejandro Giammattei.

Ante una población expectante por la oficialización de los resultados electorales de la primera vuelta, confirmados por una repetición del escrutinio, el Ministerio Público difundió el miércoles un video en el que el fiscal Curruchiche anuncia que un juzgado ordenó la inhabilitación del Movimiento Semilla con el argumento de la supuesta falsificación de firmas de afiliados al partido.

El Tribunal Supremo Electoral ha presentado este jueves un recurso de amparo ante una sala de apelaciones para que se deje sin efecto la orden. “El juez no debió tan siquiera entrar a conocer la cancelación de una organización política”, ha señalado en conferencia de prensa el registrador, Ramiro Muñoz, porque esa es una facultad que solo compete a la autoridad electoral. La cancelación tampoco puede ocurrir con un proceso en marcha y cuando ya se emitió el decreto que oficializa los resultados de los candidatos que van a segunda vuelta, detalló. La autoridad electoral también presentará una acción ante la Corte de Constitucionalidad, en defensa de la Carta Magna, como se haría con cualquier otro partido, para defender la supremacía de las decisiones que solo le competen al Registro de Ciudadanos, según Muñoz. El registrador lucía nervioso y cuando se le preguntó si tenía miedo. Dijo que no, y recordó que su cargo goza de inmunidad ante una posible amenaza de persecución penal por no atender la orden, valorada como ilegal por varios juristas y por el mismo tribunal.

La preocupación por esta deriva llegó hasta Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos no solo expresó su preocupación por esta situación, sino que manifestó que estas acciones “ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse de conformidad con la Constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana”. “La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada”, advierte un comunicado.

“De ninguna manera vamos a acatar una decisión espuria e ilegal”, señaló, por su parte, Bernardo Arévalo. El sociólogo, de 64 años, se postula como candidato a la presidencia por el partido que representa una propuesta progresista de cambio frente al sistema de corrupción y autoritarismo que se profundizó durante el Gobierno de Giammattei. Más de un centenar de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y periodistas están en el exilio, mientras otros exfuncionarios anticorrupción han sido encarcelados, como la antigua fiscal Virginia Laparra, a quien Amnistía Internacional ha declarado “presa de conciencia”.