Corte IDH exige a Perú que mantenga a Fujimori en la cárcel
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó nuevamente al Estado peruano a abstenerse de implementar la orden de liberación en favor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
👩🏿⚖️👨🏿⚖️Resolución de Medidas Urgentes del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de diciembre de 2023 en relación con el Caso Barrios Altos y Caso La Cantuta Vs. Perú.🇵🇪
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) December 6, 2023
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En una
resolución, el máximo tribunal de derechos humanos del continente americano,
requirió a Lima que "se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal
Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la
'inmediata libertad' de Alberto Fujimori", hasta tanto esa instancia no
compruebe si el dictamen "cumple con las condiciones establecidas en la
resolución de la Corte de 7 de abril de 2022".
Según se lee en
el texto, el fundamento de su solicitud radica en el cumplimiento de las
garantías de acceso a la justicia de las víctimas de las masacres de Barrios
Altos y La Cantuta.
Del mismo modo,
la Corte IDH instruyó a su Secretaría a notificar oficialmente tanto al Estado
peruano como a los representantes legales de las víctimas y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Liberación
polémica
Este martes,
tres magistrados del Tribunal Constitucional peruano ordenaron al Instituto
Nacional de Prisiones y a las autoridades del penal de Barbadillo, donde
permanece recluido el exmandatario, proceder a su liberación inmediata.
El fallo, según
explicaron, se apoyó en la avanzada edad de Fujimori y en su precario estado de
salud.
Empero, el
dictamen causó malestar porque en 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por
delitos de lesa humanidad en razón de su responsabilidad en masacres de Barrios
Altos y La Cantuta, donde personas fueron asesinadas por escuadrones de la
muerte que actuaban con su conocimiento.
Tras difundirse
la noticia de su inminente liberación, activistas, defensores de derechos
humanos, familiares de víctimas y particulares emplearon las redes sociales
para convocar a protestas de repudio en el centro de la capital.
Mientras, las autoridades penitenciarias de la nación suramericana comunicaron este miércoles que la orden del Constitucional peruano no se ejecutaría de inmediato por un error administrativo del tribunal, aunque advirtieron que no creen que el procedimiento "demore mucho".