La directiva campesina de la Csutcb que responde a Evo Morales llamó a un bloqueo de caminos indefinido y sentar al Gobierno para acordar una agenda política y económica; asimismo, exigió al presidente, Luis Arce, pedir perdón por haber instruido la gasificación al congreso campesino la madrugada del domingo.

“Decretar el bloqueo nacional indefinido de caminos en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 del 4 de septiembre, por lo que se instruye de manera disciplinada organizarse a todas nuestras estructuras sindicales, medida de hecho que obedece a la necesidad de cumplir una nueva agenda política y social”, señala el primer punto de la resolución campesina.

La madrugada del domingo el congreso de la Csutcb fue gasificado y después de los conflictos se produjo la posesión de dos direcciones nacionales, una comandada por Ponciano Santos que responde al 'evismo', y la otra, de Luciano Quispe, que es defensor del Gobierno. Esta última tomó posesión de las oficinas de esa confederación este miércoles en la mañana.

“El presidente, Lucho Arce Catacora, tiene que pedir perdón por el acto criminal que ha realizado en la gasificación violenta, discriminadora y racista en el congreso de la Csutcb en la ciudad de El Alto, tiene que pedir perdón de rodillas”, bramó el dirigente, Humberto Claros, sobre otro punto de la resolución.

 La dirigencia campesina convocó a conferencia de prensa emitida desde la sede del MAS en La Paz, aunque los dirigentes reivindican una supuesta independencia. Tal como sucediera en el ampliado del masismo, el documento prohíbe a las autoridades jerárquicas del Gobierno inmiscuirse en las decisiones “orgánicas” del campesinado.

Asimismo, solicitaron, nuevamente, la destitución de los ministros de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, y de Justicia, Iván Lima. El primero por instruir, supuestamente, la gasificación en el congreso en El Alto, y al segundo por anunciar el juicio contra Evo Morales.

También piden la destitución del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca, por haber permitido la gasificación, y del director de Senarecom, Mauricio Mamani, a quien consideran como el que dispuso los ataques desde la delegación de Potosí.

Otra exigencia es la entrega de un informe detallado de la deuda externa que tiene Bolivia con organismos multilaterales y en especial aquellos que se contrajeron durante el gobierno de Luis Arce.

Respecto de la Central Obrera Boliviana, dijeron que exigirán la realización de un congreso para cambiar al actual ejecutivo y no esperarán el reconocimiento de esta entidad como confederación. Aunque los estatutos prevén que sea la máxima entidad laboral, la que reconozca a las nuevas dirigencias.

Para concluir, exigieron la apertura del mercado ilegal de coca de Arnold Alanez, a quien consideran el legítimo representante del sector. El cuestionado dirigente cocalero se participó de la reunión de la CSUTB, de acuerdo con las imágenes y transmisión de radio Soberanía.