El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que el contrabando a la inversa, es la salida ilegal de producción nacional, y afecta a los precios.

Silva planteó una ley para frenar y sancionar ese ilícito y entregar lo decomisado a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).

“El contrabando de ingreso sí afecta a los empresarios bolivianos, a la industria nacional, pero ahora el contrabando de salida a la economía del país”, expresó Silva en una entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

“Lamentablemente los especuladores, la gente intermediaria quiere instaurar el precio referente en relación a los precios que rigen en otros países”, señaló.

El viceministro también mencionó que “nos quieren cobrar el mismo precio del pollo en el Perú o que cuesta la carne y el arroz en Brasil, o el azúcar en la Argentina”. Por esta razón, dijo que se necesita una norma de lucha contra el contrabando de salida de mercancías, especialmente de productos alimenticios.

El proyecto de decreto supremo que reglamenta la Ley 100 está en la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) y fue trabajada por los viceministerios de Lucha Contra el Contrabando y Comercio Interno.

“Luchar contra el contrabando es, pues, enfrentarte a una organización criminal que está dispuesta a matar para defender su mercadería, su actividad ilícita. Entonces, no es un tema sencillo”, advirtió.