El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a la Cámara de Senadores diferir el tratamiento del Proyecto de Ley 036/2023-2024, que involucra 19 contratos mineros, debido a la falta de información sobre los estudios de impacto ambiental relacionados.

Según la defensoría, informes de la Asamblea Legislativa muestran que estos contratos podrían afectar derechos ambientales y de la Madre Tierra, además que tal información no tiene acceso público, situación que no cumple con el Acuerdo de Escazú, que precisamente, garantiza el acceder públicamente a datos ambientales, porque es algo fundamental.

En su carta al Senado, Callisaya enfatizó la importancia de esperar la resolución judicial sobre la medida cautelar antes de avanzar con el proyecto de ley. Además, expresó su preocupación por la falta de claridad en los documentos disponibles, los cuales no responden satisfactoriamente a las preocupaciones ambientales planteadas por la Asamblea Legislativa.

La decisión final sobre el tratamiento del proyecto de ley, queda ahora en manos de la Cámara de Senadores y de la jurisdicción competente.