Un Juez de Rurrenabaque, en Beni, dictaminó medidas cautelares y, en ese marco, determinó la suspensión de minería ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, además de sus afluentes.

El fallo está vinculado a la Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP).

El anuncio fue hecho por la jurista que representa la CPILAP, Gabriela Sauma, quien calificó como un hito histórico la determinación de la autoridad judicial, reportó la red Erbol con base en información proporcionada por la organización.

“Se ha visto la necesidad de solicitar medidas cautelares vinculadas con toda actividad minera ilegal que es la que causa el mayor daño a la salud de los pueblos indígenas por el uso indiscriminado del mercurio”, señaló la jurista.

El pasado mes, un contingente de agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía, además de funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ejecutaron un operativo y arrestaron a más de 50 personas, de las cuales 19 fueron enviados a la cárcel de Cobija, en Pando, por cuatro meses.

La medida legal impulsada por CPILAP tiene el fin de que las instituciones estatales desarrollen efectivos procesos de consulta previa, que están normados por las leyes bolivianas para este caso.

Además, se busca prohibir el trámite y otorgación de nuevos derechos mineros en las cuencas “alta y baja” de los ríos Madre de Dios y Beni, además de sus afluentes, mientras sus aguas no sean totalmente rehabilitadas.

La abogada de CPILAP denunció que en la audiencia se pretendía vincular al caso a “terceros interesados”, en este caso, cooperativistas mineros auríferos, con el fin de dilatar el proceso.

“Solo para notificarlos hubiéramos tardado más de un año, lo que dilataba el proceso”, añadió.

La autoridad judicial solicitó a los servicios departamentales de salud (Sedes) de La Paz y Beni y al Ministerio de Salud y Deportes coadyuvar con mayor información sobre las consecuencias de la minería ilegal.

Asimismo, pidió al Laboratorio de Calidad Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) los resultados del estudio a indígenas para la medición de la cantidad de mercurio que tienen en sus organismos.

El vicepresidente de CPILAP, Lino Ilimuri, calificó la determinación del juez como histórica.

En ese marco, apuntó que la autoridad judicial también determinó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana sumen esfuerzos para dar cumplimiento a las citadas medidas cautelares.

“Tenemos que seguir luchando por los derechos de los pueblos indígenas defendiendo las áreas protegidas. Esperamos que la orden judicial se cumpla en los siguientes días hasta la nueva audiencia, programada para el próximo ocho de septiembre”, anunció el dirigente de CPILAP.