Diputados: Sectores 'amenazan' con tomar el Legislativo y opositores resguardan salidas
En una nueva
jornada de tensión en la Asamblea Legislativa, la oposición ha denunciado que
el "arcismo" y sus organizaciones sociales afines están cometiendo un
nuevo secuestro de parlamentarios, en su afán de proteger a los magistrados
autoprorrogados.
En horas de la mañana, sectores sociales afines al "arcismo" entraron en la Asamblea y lograron encadenar la puerta de la Cámara de Diputados, frente a la resistencia de algunos policías, mientras acusaban a los parlamentarios de no querer trabajar.
Los opositores
denunciaron que los ingresos al hemiciclo fueron cerrados y que, incluso,
algunos estuvieron atrapados en los pasillos.
"El
arcismo ha instruido que bloqueen todas las puertas con las tarjetas magnéticas
para que no podamos entrar al hemiciclo y sesionar. El arcismo quiere a
cualquier costo mantener a los autoprorrogados", denunció Walthy Egüez de
Creemos.
La bancada de
Comunidad Ciudadana denunció que se trata de un nuevo secuestro, como la semana
pasada, promovido por el gobierno del presidente Luis Arce con grupos de choque
masistas.
"Han
secuestrado a los parlamentarios que se encuentran en vigilia, en el hemiciclo
de la Cámara de Diputados, han agredido a parlamentarios de la oposición y, en
este momento, nadie puede ingresar al hemiciclo, porque han puesto cadenas en
las puertas de ingreso. Este es un atentado a la democracia", dijo el jefe
de bancada Enrique Urquidi.
Carlos Mesa,
mediante redes sociales, dijo que el "gobierno de Luis Arce intenta por
todos los medios proteger a los autoprorrogados". Dijo que el secuestro y
hostigamiento configuran un "autogolpe" en la Asamblea Legislativa.
Advirtió que la
responsabilidad de la seguridad física de parlamentarias y parlamentarios de la
oposición está en manos de Arce y su gobierno.
Los opositores
y "evistas" piden que la Cámara de Diputados trate dos proyectos de
ley para cesar en sus funciones a los magistrados prorrogados, pero los
"arcistas" insisten en que se aprueben antes las leyes para créditos
internacionales solicitados por el Gobierno.