Un sueño en las manos equivocadas puede convertirse en pesadilla, así lo han comprobado decenas de personas en el país que, en busca de un servicio estético, terminaron con daños e incluso problemas de salud.

Solo en 2023, el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor recibió 87 denuncias de mal servicio en esta práctica y se ha advertido una necesidad imperante de reforzar el soporte legal que ayude en la prevención de estos problemas.

“Durante la gestión 2023 hemos recibido aproximadamente 87 denuncias del mal servicio que brindan estos establecimientos de estética y las mismas están comprendidas especialmente en el eje troncal, Cochabamba aparece con una mayor cantidad de reclamos, seguido por Santa Cruz y La Paz, pero también tenemos reclamos en Sucre, en Tarija, donde estos establecimientos estarían brindando servicios de belleza estética que no estarían cumpliendo con los parámetros”, explica a LA RAZÓN el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

Se ha identificado desde el incumplimento a la norma hasta que los establecimientos no contaban con las autorizaciones que avalen su legalidad y, por lo tanto, una garantía de su seguridad.

“Hemos tenido denuncias de, por ejemplo, estas liposucciones las hacen a domicilio, las hace cualquier profesional; cualquier persona que tiene el aparato para llevarlas a cabo ofrece sus servicios vía internet o redes sociales. En algunos casos médicos, pero que no son estéticos”, dice Silva.

CASOS

Estos casos no son solo de conocimiento y preocupación del Gobierno, los mismos profesionales capacitados y aptos para este tipo de procedimientos estéticos son informados a diario de problemas que surgen por centros y personas no autorizados.

“La Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva recibe a diario denuncias de colegas y pacientes sobre complicaciones por cirugías realizadas en centros médicos no autorizados y con profesionales no capacitados. Sin duda, Santa Cruz es la ciudad donde más centros estéticos existen, lo mismo que cursos de las denominadas cirugías mínimamente invasivas. Toda cirugía, aún sea pequeña o con anestesia local, debe ser realizada en un centro quirúrgico reconocido”, afirma a LA RAZÓN la presidenta nacional de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, Ana María Gil.

Para darle un rostro a estas cifras no es necesario ir muy lejos. A mediados de 2023, uno de los casos más lamentables se hizo público. Una adolescente de 17 años se había sometido a una especie de liposucción, pero el resultado cambió el rumbo de su vida.

Daños en su salud fueron identificados, incluidas una infección severa en los pulmones y otra por tétanos; la gravedad de éstas ameritó su hospitalización en la unidad de terapia intensiva. Sucedió en Santa Cruz; pero luego, desde la ciudad de La Paz, surgieron voces de denuncia contra la misma presunta médico odontóloga que había hecho la intervención.

“En la clínica no me pidieron autorización. No sabíamos que mi hija iba a someterse a esa liposucción. El 15 de mayo se realizó la cirugía y el 20 comenzó a sentirse mal y le llamó a la doctora que le hizo la liposucción y solo le dijo que cuando esté mejor pase por su consultorio”, contó la mamá de la adolescente víctima de esta cirugía, en junio de 2023.

Y así, todo tipo de casos han sido identificados en el país. Las consecuencias pueden inclusive costar la vida del paciente, que confía en las manos de quien promete un buen servicio.

“(Hay) clínicas de belleza estética que no tienen la autorización del Sedes (Servicio Departamental de Salud), como una que hemos encontrado en Sucre, por ejemplo, y donde incluso el propietario fue a parar a la cárcel, porque tenía seis denuncias de mala prática. Son los problemas que hoy se están dando en el ámbito de prestación de servicios”, remarca el viceministro Silva.

Los servicios estéticos incluyen una amplia gama, que van desde los no invasivos hasta los invasivos, tales como las cirugías plásticas. Si bien las consecuencias más delicadas suelen ocurrir con estos últimos procedimientos, los primeros no dejan de ser preocupantes.

Silva indica que, por ejemplo, el uso de productos no autorizados y sin registro en algo aparentemente sin riesgos como un tinte de cabello, puede traer como consecuencia alergias e incluso quemaduras; lo propio cuando quien hace el procedimiento no está debidamente capacitado.

La regulación de estos servicios actualmente va respaldada según el área y está en manos de instancias que van desde dependencias del Ministerio de Salud hasta los gobiernos subnacionales, como gobernaciones y alcaldías. Ahora, el Gobierno pretende diseñar un protocolo más puntual sobre el tema, en torno a la Ley 453, “de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores”.

“En torno a todo esto es que nosotros estamos trabajando en un protocolo, en el marco de la Ley 453, que nos permita realizar estos controles en estos establecimientos abiertos en todo el país”, anuncia la autoridad.

Lo que se busca es generar un punto común entre todas las instancias de control que tienen este tipo de servicios y así mejorar los mecanismos. “En el marco de la Ley 453 vamos a desprender este protocolo específico para impulsar la coordinación con los otros actores que tienen competencia en el campo: como lo farmaceútico a cargo de la Agemed (Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud); en el tema de funcionamiento de estos establecimientos, los Sedes, la alcaldía; en el orígen de estos productos que dicen ser con hierbas, con animales, el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria), Pofoma (Policía Forestal y de Medio Ambiente), con quienes deberíamos realizar permanentemente estos controles”.

MEDIDAS

Justamente la necesidad de un control más efectivo es lo observado por los profesionales del área. Los servicios estéticos son cada vez más demandados, lo que genera la exigencia de volcar la mirada hacia este campo y las carencias normativas.

“El Gobierno puede utilizar varios mecanismos para controlar a los denominados esteticistas y prevenir que realicen cirugías estéticas sin la debida preparación, como establecer regulaciones claras y estrictas que definan qué procedimientos pueden realizar los médicos estéticos y cuáles están reservados para cirujanos plásticos certificados; requerir que los médicos estéticos obtengan licencias específicas para realizar ciertos procedimientos estéticos; implementar programas de educación y capacitación continua para garantizar que los médicos estéticos estén actualizados en las últimas técnicas y estándares de seguridad”, subraya Gil.Además de requerir controles y atención a los profesionales del rubro, los integrantes de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica Estética demandan sanciones claras. Ahora, el avance de un proceso depende del daño en el paciente, es así que con un procedimiento claro y con resultados efectivos, las víctimas pueden ejercer sus denuncias de manera oportuna y ayudar a frenar estos centros peligrosos para la salud.

“Se pueden establecer consecuencias legales y administrativas claras para aquellos médicos estéticos que practiquen fuera de su ámbito de competencia o sin la debida preparación”, añade.

Defensa del Consumidor pretende impulsar que la población conozca sus derechos y los exija cuando se trata de acceder a un servicio estético, para el cual una persona no solo deposita su confianza, sino también altos montos de dinero para llegar al resultado prometido por quien lo oferta.

 ¿Qué derechos se busca garantizar a los pacientes o usuarios?

Uso de productos en condiciones de sanidad, con la debida autorización, en condiciones de higiene con practica del buen manejo, manipulación, almacenaje y transporte.

Atención por parte de personal idóneo con conocimiento de su actividad.

Información previa y oportuna, clara, relevante y completa acerca de beneficios y condiciones del servicio, asi como de los productos empleados.

Información relevante, efectos secundarios y contraindicaciones de los productos empleados durante el servicio y, si el caso amerita, acerca de la necesidad del empleo de medicamentos.

Información relevante sobre el correcto uso de productos y accesorios necesarios durante la ejecución del servicio.

Copia de los protocolos de atención y atención medica en caso de alguna emergencia provocada como consecuencia de la intervención en la humanidad del usuario y consumidor.

Que el servicio impartido se desarrolle en ambientes adecuados y autorizados por autoridad y normativa vigente al efecto.

Control de las pruebas de diagnóstico que aseguren la efectividad de la intervención estética.

Información y responsabilidad sobre terceros contratados por algún requerimiento.

Advierten que hay falencias en control, sanciones y certificación

Por años, los servicios orientados a la estética eran vistos como poco comunes en el país, pero, con el paso del tiempo, este rubro ha crecido a tal punto de llegar a colmar calles con ofertas que van desde el arreglo de uñas, tratamientos faciales, hasta la promesa de cirugías plásticas.

Este mundo, antes poco conocido, es difundido de manera atractiva mediante redes sociales y mientras que el mercado está colmado de profesionales capacitados y aptos en su campo, otros solamente parecen querer aprovechar esta explosión de intereses.

Los profesionales de cirugía plástica que han estudiado por años para un servicio de calidad, advierten que es necesario empezar a trabajar en el país de manera más específica para que el campo estético crezca de forma segura.

La presidenta nacional de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, Ana María Gil, expone a LA RAZÓN cuatro falencias clave en las cuales hay que intervenir para evitar los servicios de forma ilegal.

El primero apunta a una ausencia de requisitos claros sobre la formación y la certificación.

“La normativa podría no establecer estándares claros de formación y certificación para los esteticistas, lo que podría resultar en la práctica de procedimientos por parte de personas no calificadas”, asevera la profesional.

Una insuficiente supervisión y control es el segundo punto observado. Esto, indica Gil, puede llevar a que los establecimientos no regulados continúen operando sin consecuencias.

La falta de actualización en la regulación es también detectada. “Las regulaciones pueden no estar actualizadas con respecto a los avances en tecnología y prácticas estéticas, lo que podría llevar a lagunas en la protección del público y la seguridad del paciente”.

La cuarta falencia identificada es la escasez de sanciones y consecuencias. “La normativa podría carecer de sanciones claras y efectivas para aquellos esteticistas que violen las regulaciones, lo que podría debilitar su cumplimiento y disuasión”, expresa la médico.

Con el protocolo trabajado por Defensa al Consumidor se espera generar una respuesta a estas debilidades y evitar la mala praxis./La Razon