El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha presentado este viernes una demanda junto con otros 15 Estados gobernados por republicanos para bloquear el programa del Gobierno que permitiría a medio millón de migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses obtener el permiso de residencia y acceder a una vía para alcanzar la nacionalidad.

Los demandantes denuncian que el Gobierno de Joe Biden aprobó el programa, llamado Parole in Place, sin la autorización del Congreso con “evidentes fines políticos” y que “incentivará la inmigración ilegal y dañará irremediablemente los Estados demandantes”. La demanda está interpuesta contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y otros altos funcionarios del Departamento.

El presidente anunció el nuevo programa en junio, y este lunes, 26 de agosto, empezaron a recibirse las primeras solicitudes. El objetivo de Parole in Place, que también es conocido como “Manteniendo a las familias juntas”, es legalizar la residencia de los cónyuges de estadounidenses que carecen de documentos y lleven más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Los solicitantes no pueden representar una amenaza para la seguridad ni tener antecedentes penales que los descalifiquen, y han de probar haberse casado con un ciudadano antes del 18 de junio, fecha del anuncio del programa. El plan de alivio también beneficiaría a unos 50.000 menores de 21 años, hijastros de los ciudadanos estadounidenses. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, los esposos y esposas que se pueden beneficiar han residido una media de 23 años en el país.

Los cónyuges de ciudadanos americanos tienen derecho a una green card que les permite residir legalmente en Estados Unidos, salvo en el caso de que hayan entrado de forma ilegal en el país. Es a estos últimos a quien está destinado el Parole in Place, pues hasta su aprobación, para conseguir papeles, los cónyuges debían abandonar el país y, después de un mínimo de 10 años, solicitar la residencia desde un consulado. La perspectiva de estar separados por al menos una década de sus familias promovió que muchos de ellos prefirieran quedarse en el país de forma ilegal.

El programa, celebrado por las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, sirvió de munición para que el Partido Republicano continuara sus envestidas contra la política migratoria del Gobierno de Biden, asunto que ha protagonizado la campaña electoral de su candidato, Donald Trump.