Una asambleísta del departamento de Santa Cruz ha sido acusada de extorsionar a una funcionaria gubernamental para mantener su puesto de trabajo. Según la denuncia del concejal municipal Juan Carlos Medrano, la asambleísta Shirley Hurtado habría exigido pagos mensuales a cambio de garantizar la permanencia en el cargo de una arquitecta empleada en la Gobernación.

Medrano afirmó que la profesional afectada habría entregado más de 10 mil bolivianos a la asambleísta mediante transferencias bancarias y códigos QR. Además, señaló que la víctima presentó una denuncia ante la Gobernación el pasado 5 de febrero, pero hasta el momento no ha recibido respuesta, lo que plantea interrogantes sobre la respuesta de las autoridades ante los actos de corrupción.

La asambleísta Hurtado, por su parte, ha negado las acusaciones en su contra y ha solicitado la presentación de pruebas. Alega que se trata de una represalia por la remoción de la funcionaria de su cargo. Sin embargo, Medrano anunció que la denuncia será formalizada próximamente.

Este caso resalta la gravedad de la corrupción en las instituciones gubernamentales y la necesidad de una respuesta efectiva por parte de las autoridades para abordar estas acusaciones de extorsión.