El destino de los 69 ciudadanos bolivianos que viajaban en un crucero con visados falsos ha sido decidido por las autoridades españolas. Tras dos días con la embarcación paralizada en el puerto de Barcelona, los viajeros fueron desembarcados este jueves por la mañana para iniciar un proceso administrativo que culminará con su deportación a Bolivia.

Los pasajeros argumentaron haber sido víctimas de una estafa por parte de una agencia de viajes que les vendió un paquete que incluía el crucero y visados válidos para Europa.  En tanto, el crucero, con 1500 pasajeros a bordo, retomó su ruta hacia Venecia tras el desembarco de los bolivianos, en cumplimiento de un acuerdo entre las partes involucradas.

Las autoridades españolas han denegado el acceso a territorio español a los 69 bolivianos, incluyendo 14 menores de edad, quienes se encuentran ahora en una "zona de tránsito". Aunque pueden solicitar asilo, las posibilidades de éxito son bajas, ya que Bolivia no cumple con los requisitos para ello.

Mientras se tramitan los procedimientos de denegación de entrada, la empresa ha reubicado a los bolivianos en un ferry que llegó desde Livorno (Italia) y permanecerá anclado en el puerto de Barcelona. La deportación se realizará por vía aérea y será costeada por la empresa, con destino final a la ciudad de La Paz.

Los pasajeros, que salieron de Bolivia en marzo, se embarcaron en el crucero en Brasil. Su objetivo final, según indicaron ellos mismos, era llegar a Barcelona e instalarse en España para trabajar y mejorar sus condiciones de vida.

El buque partió de Santos (Brasil) el 17 de marzo con los 69 bolivianos a bordo, quienes portaban visados que parecían válidos para entrar en el espacio Schengen. Las autoridades brasileñas y la propia compañía naviera no detectaron ninguna irregularidad en la documentación durante el embarque.

Sin embargo, una vez en ruta hacia la península Ibérica, la empresa envió la documentación a las autoridades españolas, quienes confirmaron la falsificación de los visados. Como consecuencia, se les denegó el desembarco en Málaga y Barcelona, lo que obligó a la embarcación a permanecer en el puerto catalán durante dos días con todos sus pasajeros a bordo mientras se resolvía la situación.