En una audiencia virtual solicitada a cabo en el Juzgado Primero Anticorrupción, se anunció la extensión de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán en el marco del caso Golpe de Estado I. Esta extensión de la detención se mantendrá por un período adicional de cinco meses, informa La Razón.

La demanda en cuestión es impulsada principalmente por la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, quien busca esclarecer y determinar el grado de responsabilidad de los acusados ​​en los hechos de violencia que condujeron al golpe de Estado ya la dimisión del entonces presidente. Evo Morales en noviembre de 2019.

Jeanine Áñez se encuentra actualmente bajo detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Fue arrestada en marzo de 2021 en Trinidad, Beni. Su asunción al poder en noviembre de 2019 ocurrió como resultado de un acuerdo político-cívico, que fue sellado en las instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

La ampliación de la detención preventiva también afecta al general Pastor Mendieta, quien ocupó el cargo de comandante del Ejército durante la crisis que resultó en la interrupción de la gestión de un gobierno electo por voto popular, según un informe de la Agencia Boliviana de Información ( ABI).

La también exsenadora tiene una sentencia de 10 años de cárcel por la forma como tomó el poder en 2019, luego de autoproclamarse presidenta de la Cámara de Senadores, en una sesión sin quórum y pese a ser de la minoría.

También tiene procesos por la designación irregular de una autoridad en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), por la ampliación de la concesión de Fundempresa y por las masacres de Sacaba y Senkata, donde la intervención policial-militar de protestas sociales acabaron con la vida de más de una veintena de personas por impactos de bala.

Dentro de este proceso, el 30 de junio de este año, la Fiscalía notificó por edictos a un exministro y cuatro exautoridades militares y policiales en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por el caso Golpe de Estado I.