Gobierno denuncia a juez y vocales por liberar a presunto testaferro de Marset, herido en ataque armado

El Gobierno responsabiliza a un juez y a vocales por la liberación de 'El Colla', presunto testaferro de Marset, quien fue herido por sicarios.

“El Ministerio de Gobierno señala al juez Primo Flores y a los vocales de la sala penal de Santa Cruz por favorecer a Erland García López al otorgarle su libertad”, señala un comunicado de esta entidad.

Este domingo por la tarde, en Cotoca, Santa Cruz, un grupo de sicarios armados mató a una persona e hirió de gravedad a Erland Ivar García, alias ‘El Colla’, considerado por la Policía como el testaferro del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El Ministerio de Gobierno responsabilizó a Primo Flores y a otros vocales judiciales por la liberación de 'El Colla', y exigió la intervención del Consejo de la Magistratura, que supervisa a los operadores de justicia.

En su comunicado, el Ministerio recordó que actúa como denunciante en el proceso penal contra Sebastián Enrique Marset Cabrera, Erland Ivar García López y otros, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El documento destaca que, en el marco del proceso, el 5 de agosto de 2023 se ordenó la detención preventiva de García. Sin embargo, el juez Primo Felipe Flores Rodríguez y los vocales de las salas penales de Santa Cruz dictaron varias resoluciones que beneficiaron al imputado, concediéndole primero la detención domiciliaria.

Posteriormente, el 20 de junio de 2024, la vocal Gladys Alba de la Sala Penal Primera rechazó las apelaciones del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía, ratificando la decisión de Flores de levantar la escolta policial al imputado.

García López se encuentra actualmente internado en la Unidad de Terapia Intensiva de una clínica en Santa Cruz debido a los cinco impactos de bala que recibió mientras se transportaba en un vehículo negro.

El Ministerio informó que, el 30 de julio de 2024, Flores levantó la detención domiciliaria de García y ordenó su libertad, pese a la oposición de la entidad y la Fiscalía. Se presentaron incidentes y apelaciones contra esta decisión, las cuales están pendientes de resolución por la sala penal correspondiente.

“Lamentamos los hechos ocurridos hoy, que son resultado del peligro que representaba el imputado y que las autoridades judiciales ignoraron”, expresó el Ministerio, que exhortó al Consejo de la Magistratura a intervenir de oficio en este caso.

El Ministerio de Gobierno reafirmó su compromiso con la seguridad del Estado y la búsqueda de justicia para el pueblo boliviano, y demandó que se actúe con prontitud en la revisión de estos fallos judiciales.