El plan de los movilizados es llegar el domingo hasta la ciudad de El Alto y el lunes 17 de junio pretenden ingresar a La Paz, cuando también se cumple el plazo del transporte pesado, que anunció un bloque nacional de carreteras con cierre de fronteras

Representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia se concentraron este martes en la localidad de Patacamaya, desde donde partirán en una marcha con dirección a la ciudad de La Paz.

La movilización del sector es para exigir al Gobierno la atención de sus demandas sectoriales, entre ellas soluciones al suministro de combustible y dólares.

“El 17 y 18 (de junio), si no somos atendidos en este recorrido, movilización con bloqueo de calles y cierre de carreteras en todo el territorio nacional conforme al mandato de las bases”, advirtió el dirigente del sector, César Gonzales, en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

El dirigente explicó que tras un ritual, la columna de marchistas partió con la intención de llegar hasta la localidad de El Tolar, en la doble vía La Paz - Oruro.

“Den solución a la escasez de dólares, a la escasez de combustibles (...) Señor presidente, dele solución y escuche a este noble sector, que es la tercera ve que estamos marchando hasta la ciudad de La Paz”, señaló Gonzales.

El plan de los movilizados es llegar el domingo hasta la ciudad de El Alto y el lunes 17 de junio pretenden ingresar a La Paz, cuando también se cumple el plazo del transporte pesado, que anunció un bloque nacional de carreteras con cierre de fronteras si el Gobierno no atiende sus demandas.

De hecho, ambos sectores coinciden en pedir la renuncia de dos autoridades: del presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón y de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo. Los transportistas piden además la renuncia del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Según los dirigentes gremiales, se prevé que unos 2.000 gremiales marchen hacia La Paz, aunque no descartan que se unen más personas a la movilización que recorrerá más de 100 kilómetros en el transcurso de la semana.

Entre las demandas que suma el sector a su pliego están la abrogación del Decreto Supremo 4732 sobre contratos de preventa de inmuebles, quejas por los controles aduaneros y la facturación electrónica y el retiro definitivo proyecto de ley 399 2023/2024 relacionado a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

También exigen el retiro del proyecto de ley 145/23 que proyecta dar vía libre para intervenir ferias y mercados en casos de operativos contra el contrabando, aunque la norma que fue presentada por el senador del MAS Félix Ajpi ya no está en la mesa del Legislativo.