El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) registró 237 avasallamientos en Bolivia y de esa cantidad sólo se realizaron 36 desalojos durante el año 2023.

Según el INRA, de las 237 tomas ilegales, 136 son de competencia del INRA y 101 no lo son. La mayor parte de predios tomados son en Santa Cruz, con 63 registros de avasallamiento; 33 en Beni; 17 en Cochabamba y en menor cantidad en otros departamentos.

En su informe de Rendición de Cuentas Final 2023, el INRA también especifica que se hicieron 19 desalojos con notificaciones y 17 por la fuerza pública, haciendo un total de 36 desalojos ejecutados. Sin mencionar nada al respecto de los 101 predios tomados ilegalmente, que no son de su competencia.

La Asociación de Productores de Oleaginosas (ANAPO) expresó que la preocupación de los productores crece ante la toma ilegal de tierras productivas.

Sobre el tema, ANAPO denota que el departamento de Santa Cruz es el más afectado, pero la falta de control e intervención de las autoridades para frenar el problema, origina conflictos por tierra también en Beni, Cochabamba y otras regiones.

En mayo pasado, el sector advirtió que la producción de alimentos para el país sufre una nueva amenaza. Esta vez por el riesgo de que al menos 70.000 hectáreas en el municipio San Pedro, provincia Obispo Santiestevan, en Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, maíz y sorgo, fueron avasalladas por grupos irregulares.

Según el reciente informe de ANAPO, los productores del Norte Integrado, viven en la incertidumbre, ante constantes intentos de avasallamiento en cinco predios que cuentan con títulos de derecho propietario, mismos que se sumarían a los 237 registrados hasta el año pasado.