El Gobierno de Argentina ha cifrado en 60 millones de pesos (casi 67.700 euros o 75 mil dólares) los gastos del despliegue policial activado frente a las protestas, y ha asegurado que las organizaciones convocantes serán quienes se hagan cargo de sufragar los costes.

"Vamos a intimar a las organizaciones para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía", ha defendido el portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, durante su habitual rueda de prensa desde la Casa Rosada.

Junto a esta medida, Adorni ha anunciado también que el Gobierno ha presentado una denuncia judicial contra 14 organizaciones sociales por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado", según recoge el diario argentino 'Clarín'.

Estos anuncios del Gobierno se producen después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, avisara de que había solicitado a las fuerzas de seguridad un informe de los gastos del despliegue policial del miércoles para pasárselo a los convocantes.

El informe presentado por la Policía, la Gendarmería, la Policía Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal presenta una estimación conjunta teniendo en cuenta gastos como el combustible o la remuneración de los efectivos.

El protocolo impulsado por el Ejecutivo de Javier Milei abre la puerta a emprender acciones legales contra organizaciones sociales o personas a título individual a las que se le puedan atribuir las protestas si se entienden como "actos ilegítimos".

"Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", reza el texto.