La Alcaldía de La Paz está bajo escrutinio por presuntos casos de corrupción, donde se han descubierto prácticas irregulares en el registro de propiedades. Un individuo ha registrado un asombroso total de 175 inmuebles a su nombre, mientras que otro funcionario ha inscrito 1.187 propiedades, según reveló Noemí Lastra, directora de la Administradora Tributaria Municipal (ATM).

Estos actos se remontan a la gestión anterior y se llevaron a cabo aprovechando una normativa obsoleta. Los registros se efectuaron con requisitos mínimos, como el documento de identidad, una declaración de la junta vecinal sobre la ocupación del inmueble y, en muchos casos, un plano rudimentario.

La falta de verificación adecuada ha permitido que durante una década, desde 2012 hasta 2021, muchas personas hayan registrado propiedades sin poseer el derecho legal sobre las mismas. Este comportamiento indebido ha afectado tanto a propiedades privadas como públicas.

Se han identificado 136 funcionarios de la administración anterior, de los cuales seis continúan trabajando debido a una resolución del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, se están tomando medidas para investigar y sancionar estos actos. La ATM ha anulado las resoluciones administrativas, restringido el acceso a los registros y bloqueado las propiedades afectadas.

Las consecuencias para los implicados son severas: se han limitado las acciones que pueden tomar respecto a las propiedades registradas, como ventas o modificaciones en el padrón de contribuyentes. Es importante destacar que el registro en el padrón tributario no confiere automáticamente el derecho de propiedad, el cual solo puede ser otorgado por la autoridad competente en Derechos Reales.

Noemí Lastra sugiere que algunos funcionarios podrían haber recibido sobornos por facilitar estos registros fraudulentos. La Alcaldía está colaborando con propietarios privados para recuperar las propiedades usurpadas y también ha emprendido acciones para recuperar terrenos públicos.

Es fundamental para La Paz abordar esta situación con seriedad y determinación, no solo para hacer justicia a los afectados, sino también para restaurar la integridad y la confianza en las instituciones municipales.