Juez falla a favor de indígenas y ordena parar minería ilegal en ríos Beni y Madre de Dios
Después de una
audiencia virtual que se prolongó por más de 15 horas, el Juez de Rurrenabaque
(Beni) determinó dar la tutela a la Acción Popular presentada por la Central de
Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), con la paralización de toda actividad
minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, y sus afluentes, además en los
ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje.
La CPILAP
señaló que ha logrado demostrar que la minería aurífera ilegal está afectando
negativamente a su derecho a la salud, medio ambiente y a la consulta previa
libre e informada.
Los
representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y
Metalurgia, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y del
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz no pudieron desvirtuar las consecuencias
ocasionadas por el mercurio empleado en las operaciones mineras, según nota de
prensa difundida por la Central.
El juez Edwin
Pallete estableció que la actividad minera ha vulnerado el derecho a la
consulta previa de los pueblos indígenas y dispuso que este proceso debe
alcanzar también a los derechos preconstituidos.
Determinó la
suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental y ordenó a
la AJAM cumpla con verdaderos procesos de consulta previa, además de la
suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros.
Igualmente
dictaminó que se garantice la participación de la CPILAP en el Plan de Acción
Nacional de Control del uso de Mercurio.
Ordenó al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua, repetir la realización del estudio de
calidad de agua y se haga una categorización de contaminación ambiental en
todos los ríos mencionados, también en sedimentos y peces, junto con la
rehabilitación de aguas y peces contaminados.
Estableció
remitir antecedentes a la Fiscalía sobre la contaminación con mercurio de las
personas para identificar responsabilidades penales.
Además, decretó
la instalación de un puesto de control para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y
la Policía Boliviana realicen controles rutinarios de los ríos referidos para
evitar la proliferación de actividad minera ilegal.