La gestora estatal comenzará sus operaciones el 2 de mayo, reemplazando a la antigua Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y se unirá a cinco entidades del país. A partir del 15 de mayo, la gestora empezará a recibir y procesar los trámites de jubilados antiguos y nuevos, y comenzará a pagar las prestaciones y beneficios a partir del 1 de junio.

Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo por parte de sectores de salud, policías, militares jubilados, funcionarios universitarios y ex jubilados, quienes llevaron a cabo una marcha hasta las puertas del Ministerio de Economía para exigir la abrogación del decreto 065 de pensiones.

A pesar de esto, el Gerente General de la Gestora Pública, Jaime Durán, afirmó que no hay razón para desconfiar del trabajo de la gestora, ya que la forma en que ahora trabajan las administradoras del fondo de pensiones está bajo el paraguas de la ley 065, promulgada en diciembre de 2010, que establece con absoluta claridad todos los mecanismos para proteger el dinero de los trabajadores.

Hace unos 26 años, los fondos de pensiones en Bolivia se privatizaron, lo que llevó a las AFPs a cobrar cuatro comisiones mensuales por el servicio de administración de ahorros y servicios. La Gestora Pública, implementada hace dos años por el actual gobierno, promete cobrar una sola comisión de los aportes mensuales de los asegurados, además de permitir que los jubilados se beneficien del 1,31% como un ingreso adicional.