La mañana del 10 de noviembre de 2019, muchas horas antes de su renuncia, el presidente Evo Morales dice que ya percibía la consumación de un “golpe de Estado” en el país: la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) había movilizado aviones sin su autorización.

Muy temprano, aviones K-8 sobrevolaban una movilización de campesinos de Oruro y Potosí. En su libro Volveremos y seremos millones (Planeta, septiembre de 2020), el exmandatario cuenta que se informó del hecho a través de los medios de información.

Denuncia que los aviones militares operaban sin su autorización y esa situación implicaba que “estaba el golpe” en marcha, según una investigación de La Razón

“Yo dije:

—Hagan lo que quieran, pero si actúan así, esto es un golpe.

Y las Fuerzas Armadas estaban en el golpe”, recuerda.

Cuenta que cuando se comunicó luego con el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman, éste le respondió: “No, no es un golpe. Es importante evitar un enfrentamiento y hechos de sangre”.

En otro libro, Evo, operación rescate, del argentino Alfredo Serrano Mancilla (Sudamericana, 2021), el exvicepresidente Álvaro García recuerda el episodio. “Los militares, para Evo, son la clave de pasar de una actitud de resistencia a ‘esto no se puede controlar’. Él sabía que con militares en contra no se podría gobernar y, además, habría un baño de sangre. Por eso renuncia”, recuerda.

Kaliman fue posesionado por Morales el 24 de diciembre de 2018. “El proceso que vive nuestro Estado es impulsado por el pueblo y ejecutado por el Gobierno (…), Ahora los bolivianos decidimos nuestro destino y dejamos de lado el tutelaje extranjero”, fueron sus primeras palabras.

Ese 10 de noviembre, un fuerte ambiente de tensión caracterizaba a La Paz. Desde el 5 de noviembre, el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, había traslado el paro indefinido a la sede de gobierno, cuyo argumento era un presunto fraude en las elecciones generales del 20 de octubre.

En un video difundido el 27 de diciembre de ese año, el ahora gobernador de Santa Cruz admitió que su padre “cerró” con militares y policías para que se sumen a sus movilizaciones.

Su operador clave fue Luis Fernando López, quien luego fue ministro de Defensa en el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez. Las investigaciones del caso Golpe de Estado Ie atribuyen a éste el haber definido con Kaliman la desobediencia a Morales.

A las 11.11, desde afueras del hotel Casa Grande, donde instaló su cuartel de operaciones, Camacho se refirió a la adhesión del comandante. Agradeció a Kaliman “por haber estado con su pueblo”.

A las 15.48 de ese día, el jefe militar, junto a su Alto Mando, sugirió la dimisión del mandatario.

Veinte minutos después, a las 16.08, el entonces comandante de la Policía Boliviana, general Yuri Calderón, también pidió la renuncia del presidente. Lo hizo luego de que Camacho aplacara un motín en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Desde más o menos las 14.00, según la denuncia en el caso del Ministerio de Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana estaban a merced de Camacho y López, otrora oficial militar.

Una “triangulación” de llamadas, conocida por La Razón, estableció que Morales no logró contactarse con Kaliman —celular 73243045— entre las 16.37’27 y 16.46’39; lo hizo personalmente desde su número, 72000006, en cuatro ocasiones y, a través de su ayudante (71540791), seis veces. Las 10 llamadas tuvieron origen en Lauca Ñ, Cochabamba.

Segundos después de la última llamada a Kaliman, a las 16.48, Morales y García renunciaron a su mandato desde Chimoré.

Luego, entre las 17.17’29 y 17.30’33, el ayudante de Morales intentó hablar con otro jefe militar, el comandante de la FAB, Gonzalo Terceros (67197807). La radio base de Lauca Ñ registra cinco llamadas no atendidas.

Pero Kaliman y Terceros tuvieron fluidas conversaciones con otros cuando arreciaba la sucesión de Jeanine Áñez.

TERCEROS.

A las 14.53’57, Kaliman llamó a López, el enviado de Camacho. También hubo dos llamadas anteriores, a las 14.43’52 y a las 14.46’19, y luego otras dos a través del número de su ayudante, José Luis Torrico; una a las 14.55’19 y otra a las 14.59’13. López y Kaliman también se reunieron ese día en el Comando de las Fuerzas Armadas antes de la renuncia presidencial.

En tanto, esa noche, Terceros llamó a Calderón a las 21.10’13.

Antes de la renuncia de Morales, entre 14.32’00 y 15.16’24, Terceros habló tres veces con el jefe de la Casa Militar, Milton Escalera, minutos antes de que Camacho irrumpiera en el Palacio Quemado. Al día siguiente, en coincidencia con la llegada de Áñez a La Paz, Escalera instruyó el retiro de la medalla y los símbolos presidenciales de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).

El 11, Áñez llegó a La Paz y es recibida en El Alto por un militar y trasladada en helicóptero al Colegio Militar de Irpavi. Ya contaba con seguridad militar y policial.

En su informe presentado el 17 de agosto de 2021 al presidente Luis Arce, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionó el papel que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana jugaron en la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019.

“Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”, señaló.

Ese 10 de noviembre, de forma sucesiva, los comandantes de ambas instituciones demandaron la renuncia del mandatario, en medio de graves conflictos que degeneraron luego de las elecciones.

En la presentación del informe del GIEI, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Arce denunció que “los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de Estado”.

En su informe, el GIEI se inhibió de comentar sobre si en 2019 hubo o no golpe de Estado, como denuncia el oficialismo, o si hubo fraude electoral, como denuncia la oposición.

 “Sin embargo, ante su responsabilidad de recomendar medidas de fortalecimiento institucional, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen, en cualquier país, responsabilidades democráticas del más alto nivel”, dice el documento.

Durante ocho meses, el GIEI investigó la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019. Con 37 fallecidos en el conflicto, el GIEI calificó que hubo masacres en Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19, con una veintena de muertes a bala.

Sugirió al Estado adecuar normas, procedimientos y estructuras de la Policía y las Fuerzas Armadas para fortalecerlas. “Estas instituciones deben estar subordinadas al poder civil, y sometidas a controles internos y externos y a reglas de transparencia y rendición de cuentas”, recomendó.