En declaraciones recientes, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ha destacado la necesidad imperante de llevar a cabo las elecciones judiciales de manera urgente. Pero apuntó que la responsabilidad por la suspensión recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional, informa Red Uno.

"Quien debería preseleccionar a los candidatos a magistrados y consejeros es la Asamblea Legislativa, que tenía toda la gestión 2023, incluso mucho tiempo antes, para preseleccionar a los candidatos por dos tercios de votos y ellos son los que han incumplido el deber, han hecho mal su tarea y han vulnerado la Constitución", aseveró la autoridad en entrevista con El Mañanero.

Según el ministro, la Asamblea "no logró cumplir su trabajo" no solo en referencia a los magistrados, sino que tampoco se logró elegir Contralor del Estado.

"Fue un esfuerzo muy grande elegir al Defensor del Pueblo, que ellos mismos luego cuestionaron. No tenemos Tribunal Departamental Electoral en el Beni hace más de dos años porque ellos no se logran poner de acuerdo para elegirlos por dos tercios de votos. Podría dar muchos ejemplos de incumplimientos a sus deberes y a sus obligaciones como Asamblea", agregó.

Lima observa una situación de vacío, de desinstitucionalización que han provocado con la "omisión en sus deberes constitucionales".

"Luego venía el trabajo electoral y el voto del pueblo. Por lo tanto, la situación de inconstitucionalidad y el problema que se ha creado, se ha originado desde la Asamblea Legislativa", aseveró.

También recordó que hay fallo contra el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, por la sesión que convocó durante el receso parlamentario.

"Hay instituciones e instancias que no respetan la Constitución Política del Estado. Andrónico Rodríguez claramente no la respeta cuando decide convocar a sesiones en el ámbito de un receso parlamentario, por eso está siendo en este momento objeto de un recurso de nulidad y ha sido suspendida su competencia para el tratamiento de las normas que ha aprobado en esa sesión, ahí tienen un ejemplo de una persona que debiera respetar la Constitución y no lo hace", aseveró Lima.

En ese sentido, el ministro aseguró que las elecciones judiciales deben "ser lo más pronto posible".

"Deben garantizarnos la preselección por dos tercios y el voto popular porque es el modelo que plantea la Constitución, ese es el único modelo posible. No existe un decreto supremo, no existen leyes cortas, ni cabildos que designen ternas ni sorteos; todas esas vías son inconstitucionales. La única manera de elegir un magistrado o un consejero es con la preselección de dos tercios y con el voto a la gente en las urnas", argumentó.

Por eso, dijo, su "compromiso y esfuerzo" es porque se lleven adelante lo más pronto posible las elecciones judiciales. Indicó que, por parte del Órgano Ejecutivo, garantizan el financiamiento de más de 184 millones de bolivianos, tanto en la gestión pasada como en esta gestión.

"Lo que tiene que hacer la Asamblea es generar las condiciones de un diálogo y un gran acuerdo nacional para, en primer lugar, tener un reglamento constitucional. En segundo lugar, emitir la convocatoria y esperar que los bolivianos que pueden ocupar estos cargos se presenten y postulen, seleccionarlos objetivamente, despojándose de criterios personales y cuoteos políticos, para elegir a los mejores candidatos y que el Tribunal Supremo Electoral lleve adelante la elección. Ese es el único camino y la única vía constitucional, el país debe respetar la Constitución y ese modelo lo más pronto posible", explicó.

Respecto a la prórroga de los magistrados implementada desde el 2 de enero de 2024 por las altas autoridades de justicia, luego del fallo del TCP. Dijo que también es consecuencia de la falta de organización de la ALP.

"No se puede hacer el trabajo la última semana, muestra que no hay responsabilidad en el trabajo que desempeñan. Si bien en Bolivia hay esa costumbre de hacer todo a última hora; la Asamblea debió haber hecho este trabajo desde inicios de la gestión pasada, no en marzo, debieron haber comenzado mucho antes porque es un proceso complejo, históricos y constitucionales, con el debido tiempo", añadió.

Apuntó que la misma situación se podría vivir con el Fiscal General del Estado, ya que Juan Lanchipa termina su gestión en octubre. Por lo que, según Lima, ya se debería comenzar con el trabajo.

Asimismo, dijo que ante la finalización de la gestión de seis años de los magistrados, las únicas dos días son paralizar la justicia o acatar el fallo del TCP.

"Este punto plantea dos variables: le ponemos un candado a la puerta de los tribunales de Sucre y congelamos la justicia, asumimos que el tiempo de la gente tiene que quedar paralizado durante el tiempo que se toman los políticos para preseleccionar y elegir; o adoptamos una solución constitucional por el máximo intérprete de la Constitución", afirmó.

Explicó que ni el Ejecutivo o leyes cortas pueden resolver la situación, sino quien la Constitución ha diseñado para responder cuando hay un vacío jurídico y una situación de anormalidad como la que se ha presentado. Así, aseguró, es el TCP quien debe resolver con criterios doctrinales, académicos y jurisprudenciales.

"El tribunal habló en la 49/2023 y, de acuerdo a nuestra Constitución, es vinculante, definitiva y obligatoria para todos los órganos del Estado y no admite ningún recurso ulterior. Es la única vía idónea para sostener la transformación de la justicia en Bolivia. Lo que queda es que la Asamblea preseleccione en lo inmediato y podamos ir a las urnas en este modelo que es único en el mundo, que un gran acuerdo nacional nos garantice que los mejores bolivianos vayan a ocupar esos cargos", agregó.