Han transcurrido dos décadas desde aquel 17 de octubre de 2003, cuando Bolivia fue testigo de una convulsión social y política que resultó en la pérdida de 60 vidas humanas y en la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, un episodio que pasó a la historia como la "Masacre de octubre" o la "Guerra del Gas".

Recientemente se informó que nueve familias de las víctimas, así como el propio Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, llegaron a un acuerdo de conciliación en el marco del proceso civil que se inició en abril de 2018 en Estados Unidos. Esto dio lugar a un llamado para que el Gobierno boliviano inicie el proceso de extradición del exmandatario.

El acuerdo de conciliación establece que, después de una década y media de litigio, las familias de las víctimas y los demandados decidieron "resolver su disputa legal". Como parte de este acuerdo, las familias demandantes recibirán una compensación y se comprometen a no emprender "cualquier acción adicional" relacionada con este caso en el futuro, informa Opinión.

Extradición

El abogado de las víctimas de "Octubre Negro", Tomás Becker, destacó la importancia histórica de este hecho, ya que representa la "primera vez en la historia de Estados Unidos que un expresidente tiene que responder ante los acusadores y las víctimas en un juicio". Becker explicó que existen dos procesos separados: el proceso civil, que concluyó con la conciliación y no puede ser apelado, y la extradición, que debe ser solicitada por el Gobierno.

Becker subrayó que este evento envía un mensaje al mundo de que "ningún líder tiene impunidad".

El presidente de la Asociación de Familiares Caídos por la Defensa del Gas en 2023, Juan Patricio Quispe Mamani, expresó su satisfacción por la conclusión del proceso civil y señaló que ahora están enfocados en buscar la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, anunció previamente que el Gobierno seguirá insistiendo en la extradición de Sánchez de Lozada, aunque también reconoció que esta decisión está sujeta a la soberanía de cada Estado.