La Asociación de Medios Alternativos de Bolivia (AMAB), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y periodistas de base se reunen hoy jueves con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las agresiones que sufrieron durante el paro de 36 días por el Censo en Santa Cruz y el golpe de Estado en 2019.

La reunión se lleva a cabo en el Hotel Camino Real de la ciudad de Santa Cruz, a las 14.15
horas, donde hacen conocer a dicha Comisión cómo a los profesionales de la comunicación
se les coartó el derecho al trabajo y la libre expresión, además de ser victimas de una serie de agresiones, hostigamientos, maltratos, insultos y hasta amenazas a sus familias e hijos.

Desde el primer día de esta medida de presión los ataques a la libertad de expresión y de
prensa fueron permanentes por los grupos afines al gobernador Camacho y los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, apoyada por la dirigencia cívica cruceña, que volvió a tomar
protagonismo como lo hiciera en el golpe de Estado de 2019, cuando varias personas de
humilde condición fueron sometidas por este grupo parapolicial que fue creada y abalada por el entonces ministro de Gobierno en el régimen dictatorial de Jeanine Añez, Arturo Murillo.

El presentador Fabio Espinoza de Bolivia TV manifestó que durante esos días se vulneró el
derecho al trabajo, a transitar por las calles y además de expresarse libremente.
“En 2018 se tomó las instalaciones de Bolivia TV en Santa Cruz donde fueron quemadas y
saqueadas, ante ese antecedente y las constantes amenazas de una nueva toma, obligó a que pusiéramos en resguardo los equipos y el personal amenazado, tuvo que irse a sus casas, por lo que esta reunión con la CIDH será importante para dar a conocer todos estos hechos”, dijo.

Por su parte, el jefe de prensa de Bolivia TV en Santa Cruz, Eduardo Bonifaz, manifestó que
en dicha reunión se escuchará todos a quienes se les vulneraron sus derechos, ya que fueron 15 días que ese medio estatal dejó de enviar señal debido a las constantes amenazas de grupos afies al gobernador Luis Fernando Camacho.

“Ante estas amenazas decidimos retirarnos y darnos modos para poder contar lo que otros
callaban, por tanto, será muy importante esta reunión para que conozcan de primera mano,
todo lo ocurrido en los 36 días de paro por el censo y durante el golpe de Estado en 2019”,
enfatizó.