La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ingresó desde ayer en receso por fin de año pese a la decisión del pleno que rechazó, por amplia mayoría, esa posibilidad en su sesión del pasado jueves. La determinación asumida por la Presidencia del Legislativo deja pendiente el tratamiento de un proyecto de ley para frenar la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); además de la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Presidencia de la ALP argumenta que la decisión ha sido asumida “en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado sobre el Receso de Fin Año, conforme al artículo 153, parágrafo II”.

Asimismo, hace referencia a que en esta oportunidad el receso será sin el funcionamiento de la Comisión de Asamblea debido a que no pudo ser designada por el pleno en la sesión del jueves 21 de diciembre.

En esa sesión ordinaria, de los 120 legisladores que estuvieron presentes en sala, 97 diputados y 23 senadores, sólo 39 apoyaron el inicio del receso de fin de año y no se alcanzó los 61 votos requeridos para la aprobación.

Los asambleísta de la facción “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las bancadas de oposición: Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, tras un acalorado y prolongado debate, fueron quienes votaron en contra del receso por considerar que había temas urgentes que la ALP debía tratar.

El objetivo de no ingresar a un receso parlamentario era para impulsar una ley que evite la prórroga de mandato de las autoridades judiciales y que se trate en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley del PGE 2024 con modificaciones; además del ascenso a generales en las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

Día antes de dictarse el receso legislativo, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) conminó al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, a convocar a sesión del pleno de ese cuerpo legislativo para tratar con urgencia el proyecto de ley aprobado en el Senado que impide la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y del TCP que deberían cesar en sus funciones el próximo 2 de enero.

Dicha propuesta “restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado” y fue remitida a la Cámara Baja para su revisión. Sin embargo, el proyecto de ley fue rechazado a nivel de la Comisión de Constitución, que debía elevar su informe al pleno de Diputados, donde finalmente se debía decidir el destino de esa propuesta.

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Luisa Nayar (CC), advirtió el viernes que en caso de no ser escuchados por Huaytari, activarán un proceso penal en su contra por incumplimiento de deberes “debido a su incapacidad para llevar adelante sesiones plenarias”, dado que hay más de 100 proyectos de ley que ya tienen informe para su tratamiento.