Nicolás Avots Sugimoto fue condenado a 10 años de prisión por la “Tragedia de Cascallares”. Las crónicas de la época son claras en cuanto a lo ocurrido: en noviembre del 2012 protagonizó un accidente de tránsito al conducir de manera negligente y causar la muerte de cinco personas en la ruta nacional Nº 3, cerca de la localidad de Micaela Cascallares, provincia de Buenos Aires. Once años después, puntualmente el pasado viernes 14 de julio, Nicolás rindió su último examen en la carrera de abogacía. Su trabajo final fue dirigido nada más, ni nada menos, que por el juez que lo condenó.

La tesis que desarrolló conjuntamente con el juez que lo condenó es un reanálisis sobre el tipo penal de su propia condena. Toda una paradoja. En su momento, el fallo que lo envió a la cárcel se basó en la figura legal de "quíntuple homicidio con dolo eventual". La sentencia marcó un precedente en casos de accidentes de tránsito tratados como homicidios simples en lugar de homicidios culposos. El dolo eventual implica que, aunque Nicolás no haya querido expresamente causar la muerte de las personas involucradas, asumió el riesgo que implicaba conducir de esa forma.

Avots, que tenía 18 años en el momento del accidente, manejaba una Renault Kangoo por la ruta nacional Nº 3 cuando quiso pasar un micro de la empresa El Rápido con 60 pasajeros a bordo rumbo a la costa. En ese momento, apareció un Volkswagen Gol circulaba por el carril contrario que intentó esquivar la camioneta, pero chocó de frente contra el micro.

Darío Ezequiel García, de 32 años, oficial de Caballería de la Bonaerense, Guillermina Cirone, de 28, y su sobrino, Nicolás Martín García de siete fallecieron en el acto, mientras que luego de estar horas en el hospital con atención de urgencia, falleció Amalia Beatriz Muñoz, de 37, que estaba embarazada de cinco meses por lo que se consideró como una víctima más.

Nicolás aprovechó su tiempo como interno de la Unidad Penitenciaria N° 19 de Saavedra para trazar un nuevo camino y dar vuelta a esa página tan oscura. Comenzó sus estudios de derecho en la Universidad Nacional del Sur en junio de 2019 y rindió su primer final en octubre de ese año. Si bien la pandemia frenó la carrera, continuó desde marzo de 2021 hasta terminar.

Tiene por delante 4 años y 9 meses para recuperar su libertad, pero ya puede decir que es el primer alumno de la UNS en graduarse en contexto de encierro. La tesina, que analizó al detalle la figura legal por la que se lo había condenado, se llamó: "Incompatibilidad del Dolo Eventual como responsabilidad penal subjetiva en el ordenamiento jurídico argentino".

Como una pequeña muestra de que el pasado, el presente y el futuro puedan convivir en un marco legal, ese día estuvo acompañado por el juez que hace seis años lo había enviado a la cárcel. Gabriel Giuliani, quien está actualmente a cargo del juzgado correccional N°1 de Bahía Blanca, había formado parte del integrante del tribunal oral de Tres Arroyos, el mismo que lo condenó en uno de los primeros casos en el país en que se aplicó el dolo eventual por muertes en accidentes de tránsito.

En diálogo con El Destape, Giuliani contó cómo vivió la inédita situación: “Tengo una experiencia de 27 años en el Poder Judicial, soy juez del año 99 y la verdad que esto no se ve todos los días. En ese marco es que yo acepto el desafío y la propuesta de acompañar al estudiante”. Según dijo, “Es un caso paradigmático, donde se nota que esta persona, a esta situación de vida la ha incorporado, la ha hecho de alguna manera consciente y la ha tomado realmente como una oportunidad”. En esa misma línea, remarcó que “no sólo es importante para él, sino también para el sistema y para el camino que puede señalar a sus compañeros del programa”.

"La educación es muy potente para la reinserción"

Santiago Garrido, uno de los docentes responsables del Programa de Educación en Contextos de Encierro de la UNS, indicó que el programa firmó en 2003 un convenio que regulaba la posibilidad de que los internos pudieran inscribirse en la universidad, que se sostuvo como un voluntariado entre la unidad y estudiantes avanzados.

“Es un programa que tiene un beneficio, no solo de manera directa al alumno privado de la libertad que accede a la posibilidad de obtener un título universitario, sino también para toda la comunidad bahiense, porque la herramienta de la educación es muy potente a la hora de permitir la reinserción real de una persona”.

Además, enfatizó que “esto es en defensa de toda la comunidad, porque el ciclo de la reincidencia dentro de la provincia de Buenos Aires supera 40%”, y consideró que, al salir de la cárcel, si no hay una clara finalidad del proceso, muchos vuelven “al mismo lugar donde estaban y en la misma posición que estaban”.

“En este caso, el Estado tiene la posibilidad, la oportunidad y la obligación para acercar nuevas herramientas y que las personas tengan la posibilidad de insertarse dentro de la regla de convivencia básica”, finalizó Garrido./ El Destape