La sala Constitucional Primera del Departamento de Santa Cruz postergó este jueves para el 23 de octubre la audiencia en la que debía considerar y resolver el amparo presentado por la ejecutiva de las Bartolinas Felipa Montenegro en contra de Evo Morales y de la convocatoria al Décimo Congreso el MAS-IPSP de Lauca Ñ, que acabó un día antes de lo previsto.

La decisión fue asumida en virtud de que uno de los dos vocales no asistió a la audiencia por problemas de salud, informó el abogado de las línea evista Diego Jiménez, mientras desde la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa de Santa Cruz se lamentó la decisión y se denunció “chicana jurídica”.

Montenegro acusa a la dirección nacional del MAS, liderada por Morales, de incumplir el artículo 13 del Estatuto Orgánico del instrumento político al no haber consensuado la convocatoria al Décimo Congreso con las organizaciones matrices, campesinos, indígenas, interculturales y originarios.

La sala Constitucional Primera de Santa Cruz admitió el miércoles por la mañana la acción y ordenó la “suspensión de la Convocatoria al X Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)”.

El congreso empezó el martes y concluyó el miércoles, un día antes de lo previsto y en momentos en los que se hizo pública la admisión y la orden de suspender el congreso. El evento político acabó con la reelección de Morales al frente de la dirección nacional del MAS y como candidato presidencial.

Según procedimiento, la Sala Constitucional Primera del Departamento de Santa Cruz tiene dos posibilidades: conceder la acción de amparo o rechazarla.

Si declara y concede la acción de amparo involucraría la nulidad de todo el procedimiento desde la convocatoria del congreso, y ordenaría se emita una nueva convocatoria con la participación de todas las organizaciones sociales.

La otra posibilidad es que rechace la acción de amparo constitucional, lo que validaría todas determinaciones asumidas en el congreso, que fue supervisado por personal del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).