La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley transitorio para las elecciones judiciales 2023-2024 tras acuerdo entre oficialistas y opositores, entre sus disposiciones establece que los actuales magistrados deben dejar sus cargos en diciembre y que, a partir del 2 de enero y hasta la elección de nuevas autoridades, se abrirá un proceso de transición judicial a cargo de personal subalterno.

Mientras tanto y “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”.

Según el nuevo cronograma, se prevé 15 días para la presentación de postulaciones, 10 días para la verificación de los requisitos, dos días para las impugnaciones, cuatro días para la resolución de las impugnaciones, entre otros.

Entre otras disposiciones, el artículo 7 de la norma establece que las universidades públicas y privadas, los Colegios de Abogados y de Auditores o Contadores Públicos, fundaciones y organizaciones civiles, empresariales, entre otras, podrán acreditar a un representante como veedor y fiscalizador de la fase de preselección.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para  que participen en calidad de igual manera como veedoras del proceso, según el artículo 8.   

Según la iniciativa legal concertada entre el MAS y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), el proceso de postulación y preselección de candidatos judiciales, que es responsabilidad del legislativo, tendrá un plazo de hasta 45 días.

Mientras que el pazo para la organización y realización de la votación popular, tendrá  una duración de hasta 90 días calendario”.