La imputación formal contra los cinco policías involucrados en un operativo en la frontera entre Bolivia y Perú, en el que se produjo una balacera resultando en dos muertos y un herido, revela que la actuación de los agentes fue llevada a cabo de manera irregular y que hubo omisión de socorro durante el ataque armado.

Según la imputación a la que Unitel tuvo acceso, se señala que los policías simplemente observaron cómo los atacantes cometían los homicidios y no tomaron medidas adecuadas. No se prepararon adecuadamente, no portaban armas largas y solo cinco de ellos estaban presentes cuando deberían haber sido dos patrullas de policía. Además, no persiguieron a los narcotraficantes que llevaron a cabo el ataque.

Para llevar a cabo la operación, los policías utilizaron un minibús, una vagoneta y convocaron a una mujer civil para viajar a la región fronteriza de Desaguadero. Esta operación tuvo lugar en la madrugada del 22 de septiembre.

En uno de los vehículos, dos sargentos de la Felcn se encontraban vestidos de civil junto con una mujer que participó en la transacción de drogas. Según la imputación, estos individuos se hicieron pasar por compradores de cocaína cerca del puente internacional.

“En el minibús estaba la capitán Aguirre , sargento Callisaya , sargento Mayta, sargento Paucara y el suboficial Toledo quien estaba de civil y estaba en coordinación con el sargento Layme por línea abierta de teléfono”, explica la imputación.

De manera sorprendente, un grupo de cuatro personas llegó y abordó la vagoneta en la que se encontraban los dos policías y la mujer civil. Estos individuos procedieron a golpear y atar a las víctimas con alambres. Ante la resistencia y los pedidos de ayuda, las tres personas fueron baleadas, resultando en la muerte de dos mujeres y un policía herido.

Además, los delincuentes se apoderaron de aproximadamente 120 mil dólares, que presuntamente iban a ser utilizados para comprar drogas.

El otro grupo de cinco policías que se encontraba en el minibús no intervino y permitió que sus compañeros fueran atacados por el grupo delictivo, según lo señalado en la imputación.

Después de la balacera, los cinco policías informaron sobre el incidente dos horas después de que ocurriera, lo que llevó a una supuesta modificación de la escena del crimen. También levantaron los cuerpos sin seguir los protocolos adecuados para el manejo de cadáveres.

La imputación a los cinco policías sugiere que esta operación estaba premeditada, ya que se obtuvo grabaciones de conversaciones del celular del sargento Callisaya y otros elementos de evidencia relacionados con las conversaciones de los implicados.