Las salas constitucionales de Beni y Pando han declarado desiertas, de manera independiente, las convocatorias para la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ante este escenario, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunirá este miércoles para definir las acciones legales necesarias que permitan avanzar con el proceso electoral. Una de las opciones que se barajan es la presentación de una medida cautelar para asegurar la continuidad del proceso.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, explicó en una entrevista con La Revista de UNITEL: “Hoy analizaremos en Sala Plena lo ocurrido ayer, especialmente el impacto del amparo constitucional en Beni. En el caso de Pando, no hemos sido notificados ni hemos participado en el amparo; nos enteramos a través de los medios de comunicación”. Vargas añadió que, tras el análisis, el TSE tomará una decisión oficial.

Entre las posibles acciones, se evalúa presentar de inmediato una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Esta es una de las alternativas que consideramos para continuar con el proceso”, señaló.

Las decisiones de las salas constitucionales de Beni y Pando anularon las convocatorias realizadas por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la preselección de candidatos al TSJ y TCP, dejando en suspenso el proceso.

En Pando, María Esther Caero impugnó el proceso, argumentando la falta de cumplimiento de requisitos de equidad de género y representación territorial departamental, además de cuestionar la inclusión de “candidatos aplazados”. En Beni, el excandidato Hugo Vargas exigió ser incluido en la lista de candidatos, tras ser excluido del proceso.

El vocal Francisco Vargas calificó la decisión de la sala constitucional de Beni como un “golpe a la democracia boliviana”. Sobre el caso en Pando, reiteró que el TSE no fue notificado y solo conoció el fallo a través de los medios.

En este contexto, la Sala Plena del TSE se reúne para discutir las acciones legales a seguir, y la posibilidad de una medida cautelar gana fuerza. “El objetivo es que se nos permita seguir desarrollando, administrando y ejecutando este proceso electoral”, explicó Vargas.

Añadió que el proceso electoral ya está en marcha, y en dos días se debería iniciar la etapa de difusión de méritos, una actividad crucial. El TSE ya ha firmado contratos con varios medios de comunicación para este fin. La campaña de difusión está programada para comenzar el 17 de octubre, y hay otras actividades en preparación, como la logística electoral y la impresión de papeletas y material electoral que se utilizarán el día de las elecciones.

“Hay una serie de actividades en curso que ya hemos llevado adelante”, afirmó Vargas. Asimismo, enfatizó que corresponde a la comisión de admisión del TCP tratar la causa con celeridad para brindar certeza y seguridad jurídica al país, permitiendo que el TSE continúe con sus funciones.

“Los magistrados del Tribunal Constitucional deben responder al país y demostrar que no actúan de forma deliberada para mantener sus cargos. El pueblo boliviano necesita ejercer su derecho a votar y decidir”, concluyó.