El 1 de septiembre de 2022, un hombre apuntó una pistola contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. La bala no salió. El atentado que puso contra las cuerdas a la democracia argentina ocurrió a las puertas de la casa de la vicepresidenta y fue grabado en un vídeo que dio la vuelta al mundo. El brasileño Fernando Sabag Montiel, entonces de 35 años, se infiltró entre la multitud de activistas que se reunían allí en apoyo a Kirchner durante la recta final del primer juicio que enfrentaba por corrupción. Sabag se acercó hasta ella cuando bajó del coche y gatilló el arma, pero el plan fracasó y fue detenido. Un año después, Kirchner guarda silencio y Argentina espera el inicio del juicio contra los tres acusados: Sabag Montiel, su novia, Brenda Uliarte, y Nicolás Carrizo, que empleaba a la pareja como vendedores ambulantes. Sabag Montiel sostiene que actuó solo. La vicepresidenta, por el contrario, sospecha que hay alguien detrás y critica que la investigación judicial “se caracterizó por evitar conocer la verdad”.

“Yo siento que estoy viva por Dios y la Virgen”, dijo Kirchner tras el ataque. Contó que se dio cuenta de que habían intentado matarla cuando ya estaba su casa y vio las imágenes que esa noche se repitieron en loop en televisiones y teléfonos celulares de un país conmocionado.

La causa por el atentado está caratulada como “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”. Cerrada la etapa de instrucción, se espera su elevación a juicio.

Las primeras hipótesis vincularon a Sabag Montiel con Revolución Federal, un grupo de ultraderecha que escrachaba a políticos kirchneristas y convocaba a manifestaciones con antorchas y guillotinas de madera contra el Gobierno. Sin embargo, los únicos tres procesados a día de hoy son Sabag, Uliarte y Carrizo, conocidos en Argentina como La banda de los copitos por haber sido vendedores de algodón de azúcar antes de quedar detenidos.

La querella insiste en que es necesario ampliar el radio de acción y buscar posibles autores intelectuales y financistas del ataque. Ha pedido a la justicia que investigue los presuntos vínculos de su vecina Ximena de Tezanos Pinto y de la periodista Delfina Wagner con los principales detenidos. Previamente, Kirchner apuntó también contra el diputado Gerardo Milman, de la coalición opositora Juntos por el Cambio encabezada por Bullrich, como presunto nexo político del ataque. Transcurrido un año, la Fiscalía no ha encontrado por ahora evidencias que sostengan esa hipótesis.

Ruptura de un acuerdo social

Para la expresidenta (2007-2015), lo más grave de su intento de asesinato fue “haber roto un acuerdo social que había desde 1983″, cuando Argentina dejó atrás la más sangrienta dictadura de su historia. “Siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar o elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, que podamos discutir la política”, agregó.

El atentado ocurrió en un momento de máxima tensión política en Argentina. Días atrás, el fiscal Diego Luciani había acusado a Kirchner de ser la jefa de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Lo hizo en el marco de la causa que la investigaba por defraudación al Estado en la ejecución de obras viales en la provincia patagónica de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, y por la que meses más tarde fue condenada a seis años de cárcel. “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial”, había respondido la expresidenta ante las acusaciones de la Fiscalía. Decenas de militantes comenzaron una vigilia frente a su domicilio en señal de apoyo.

El clima de crispación se vio reflejado en la reacción al ataque a la líder política más importante de las últimas décadas en Argentina. La mayoría de la clase política lo condenó y destacó la gravedad que revestía para la democracia argentina. Entre las excepciones estuvieron quienes encabezan hoy las dos principales candidaturas opositoras a presidente en las elecciones del 22 de octubre: el ultraliberal Javier Milei y la conservadora Patricia Bullrich. En vez de un mensaje de repudio, la primera respuesta de Bullrich fue criticar el feriado decretado para el día siguiente. “El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa, y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política. Lamentable”, tuiteó.

Milei optó por el silencio, aunque solo un día antes se había solidarizado con Jair Bolsonaro tras el intento de agresión que sufrió durante una caravana motorizada. “Mi total y absoluto apoyo al presidente de Brasil ante un nuevo ataque de la izquierda, cuyo elemento común en todo tiempo y lugar es la total intolerancia ante quien piensa distinto. Ellos son los violentos y después tildan de ese modo al resto”, expresó.

Simpatizantes opositores llegaron a difundir la teoría de que se trataba de un arma de juguete y de que el ataque había sido fingido para desviar la atención de las causas judiciales que acorralaban a la vicepresidenta. Sin embargo, el caso conmocionó a buena parte de la sociedad argentina y al día siguiente hubo una multitudinaria manifestación contra la violencia y un ataque a la democracia perpetrado cuando el país se acercaba al 40 aniversario del fin de la última dictadura./ El País