En un acuerdo anunciado hoy, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, pagarán una cantidad no divulgada en concepto de resarcimiento por daños y perjuicios a las familias de ocho víctimas asesinadas por las fuerzas armadas bolivianas en las movilizaciones que tuvieron lugar en Bolivia en el año 2003.

Esto marca el fin de una batalla legal de 16 años cuyos orígenes se remontan a la "Guerra del Gas", cuando los líderes bolivianos desplegaron a las fuerzas armadas con la intención de sofocar las manifestaciones populares contra el plan gubernamental de exportar el gas natural del país.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, conocido como “Goni”, y su ministro de defensa,

José Carlos Sánchez Berzaín, han vivido en los Estados Unidos desde que huyeron de Bolivia

después de las masacres. En 2018, en un veredicto histórico, un jurado federal en Florida los

declaró culpables de los asesinatos y concedió una indemnización de $10 millones de dólares a

los demandantes. Fue la primera vez que un exjefe de estado se enfrentó a sus acusadores en el contexto de un juicio estadounidense de derechos humanos.

En una declaración conjunta, las partes acordaron que es hora de resolver su conflicto legal:

Después de una década y media de litigio, los Demandantes y los Demandados

concuerdan en que es momento de resolver su disputa legal. En consecuencia, las Partes

han logrado una conciliación que proporciona una compensación para las familias de

los Demandantes y exoneraciones legales que prohíben cualquier acción adicional de

cualquier tipo por parte de los Demandantes contra los Demandados en relación con los

eventos que ocurrieron en Bolivia en septiembre y octubre de 2003. La decisión de

conciliar no significa que los Demandados admitan responsabilidad por los eventos en

cuestión. Las Partes han acordado no divulgar ningún término de su acuerdo de

conciliación.

Como resultado del acuerdo, los demandados retirarán su apelación y el veredicto del jurado de

2018 permanecerá en vigencia.

Teófilo Baltazar, uno de los demandantes del juicio, afirmó: “Cuando comenzamos con el

juicio, todo el mundo nos dijo que Goni estaba por encima de la ley. Me siento orgulloso de

que el pueblo Aymara ha mostrado al mundo que ningún político, sin importar lo rico o

poderoso que sea, goza de impunidad absoluta.”

La represión desatada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en 2003 se centró en la ciudad

mayoritariamente indígena de El Alto. Las fuerzas armadas asesinaron a más de 60 personas y lesionaron a unas 400, incluyendo niños. En 2011, un tribunal boliviano condenó a altos mandos militares y algunos ministros por su papel en la matanza. A pesar de haber sido imputados en el mismo juicio, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín no pudieron ser juzgados bajo la ley boliviana por encontrarse en ausencia.

Durante la represión en 2003, el gobierno estadounidense de Bush declaró su apoyo al gobierno boliviano y, junto con las administraciones subsiguientes, dio refugio a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. En 2012, el gobierno de Obama rechazó la solicitud de extradición realizada por el Estado de Bolivia.

“Durante demasiado tiempo, los líderes mundiales se han refugiado en los Estados Unidos después de cometer abusos atroces. Este juicio histórico muestra que se les puede hacer responsables”, dijo Thomas Becker, abogado de la Red Universitaria de Derechos Humanos, quien ha representado a los demandantes desde el principio de la demanda.

Los familiares de ocho de las víctimas de la represión militar demandaron a los exfuncionarios en 2007. En 2016, un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó que los demandantes podían continuar con su demanda bajo la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act), que autoriza demandas civiles en cortes estadounidenses contra funcionarios extranjeros responsables de ejecuciones extrajudiciales.

“A pesar del inmenso desafío de llevar a cabo una demanda de derechos humanos en los

Estados Unidos, los nueve demandantes superaron todas las expectativas y lograron una victoria que llegará a impactar a Bolivia para siempre”, dijo Beth Stephens, una abogada colaboradora del Centro de Derechos Constitucionales.

Entre los demandantes se encontraban Etelvina Ramos Mamani y Eloy Rojas Mamani, cuya hija de 8 años, Marlene, fue asesinada delante de su madre cuando una bala entró por la ventana de su casa; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada fue asesinada cuando una bala penetró la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue baleado y asesinado al borde de la calle; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre fue baleaado y asesinado mientras cuidaba sus cultivos.

“Ha sido un privilegio trabajar en la búsqueda de justicia con estas familias bolivianas durante los últimos 16 años. Me ha impresionado el optimismo y la fortaleza constante de estas familias que han impulsado el caso para obtener este importante resultado” dijo Steve Schulman de Akin Gump.

Durante el juicio que duró tres semanas en 2018, los testigos relataron que los tanques circularon por las calles y que los militares dispararon durante horas y horas, incluso dentro de las casas y a civiles desarmados que huían. Un exmilitar testificó que le dieron la orden de disparar a “cualquier cosa que se moviera.”. Otro testigo narró que vio a un oficial matar a un soldado que se negó a disparar contra el pueblo desarmado.

Los siguientes abogados representan a los familiares de las víctimas: Abogados del Centro de Derechos Constitucionales, La Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, La Red Universitaria de Derechos Humanos, Los estudios jurídicos de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y Schonbrun Seplow Harris Hoffman & Zeldes LLP.

Además, el Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés) se unió

al litigio en 2022.