Aprueban Ley 035: el fin de la jubilación obligatoria y el consenso entre gobierno y sectores sociales

La Cámara de Diputados anula la ‘jubilación forzosa’ y aprueba la Ley 035 tras un acuerdo entre la COB y el Colegio Médico de Bolivia

Tras alcanzar un acuerdo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Colegio Médico de Bolivia, la madrugada del viernes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 035, que modifica la Ley de Pensiones, eliminando la controversial ‘jubilación forzosa’. Con el apoyo de legisladores opositores bajo esa condición, la norma obtuvo el respaldo mayoritario y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión y posible aprobación.

El oficialismo rechazó las acusaciones de que el Gobierno pretendía imponer la jubilación obligatoria a los 65 años. Subrayaron que la nueva norma permitirá mejorar los "límites solidarios" de las pensiones. Horas antes del debate, los médicos amenazaron con un paro de cinco días en caso de no llegar a un acuerdo.

El Acuerdo

Antes de entrar en la discusión detallada del proyecto, Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), propuso suprimir los puntos conflictivos que generaron tensión durante meses.

"Solicito, en el marco de nuestro reglamento, la dispensación en esta etapa para considerar prioritariamente la supresión de las disposiciones transitorias, de acuerdo con el consenso alcanzado minutos atrás", declaró Urquidi.

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, sometió a votación la eliminación de la “disposición adicional única”, que fue aprobada por mayoría. Luego, se eliminó la disposición transitoria segunda, la cual se refería a la reglamentación de la medida previamente anulada.

La Polémica

La norma original planteaba una evaluación médica estatal para los trabajadores de 65 años, con el fin de determinar su capacidad para continuar en funciones. Esta disposición buscaba garantizar la salud y bienestar de los adultos mayores a través de exámenes de aptitud física y mental realizados por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. No obstante, se eximía de esta revisión a las autoridades electas, designadas o de libre nombramiento.

Una propuesta de la comisión sugería que las pruebas físicas y mentales fuesen supervisadas por un médico externo, incluso nombrado por los colegios médicos. Sin embargo, el sector médico rechazó esta opción y mantuvo su demanda "innegociable" de eliminar dicha disposición.