Aprueban Ley 035: el fin de la jubilación obligatoria y el consenso entre gobierno y sectores sociales
La Cámara de Diputados anula la ‘jubilación forzosa’ y
aprueba la Ley 035 tras un acuerdo entre la COB y el Colegio Médico de Bolivia
Tras alcanzar un acuerdo entre la Central Obrera
Boliviana (COB) y el Colegio Médico de Bolivia, la madrugada del viernes la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley 035, que modifica la Ley de
Pensiones, eliminando la controversial ‘jubilación forzosa’. Con el apoyo de
legisladores opositores bajo esa condición, la norma obtuvo el respaldo
mayoritario y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión y posible
aprobación.
El oficialismo rechazó las acusaciones de que el Gobierno
pretendía imponer la jubilación obligatoria a los 65 años. Subrayaron que la
nueva norma permitirá mejorar los "límites solidarios" de las
pensiones. Horas antes del debate, los médicos amenazaron con un paro de cinco
días en caso de no llegar a un acuerdo.
El Acuerdo
Antes de entrar en la discusión detallada del proyecto,
Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), propuso suprimir
los puntos conflictivos que generaron tensión durante meses.
"Solicito, en el marco de nuestro reglamento, la
dispensación en esta etapa para considerar prioritariamente la supresión de las
disposiciones transitorias, de acuerdo con el consenso alcanzado minutos
atrás", declaró Urquidi.
El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari,
sometió a votación la eliminación de la “disposición adicional única”, que fue
aprobada por mayoría. Luego, se eliminó la disposición transitoria segunda, la
cual se refería a la reglamentación de la medida previamente anulada.
La Polémica
La norma original planteaba una evaluación médica estatal
para los trabajadores de 65 años, con el fin de determinar su capacidad para
continuar en funciones. Esta disposición buscaba garantizar la salud y
bienestar de los adultos mayores a través de exámenes de aptitud física y
mental realizados por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional. No obstante,
se eximía de esta revisión a las autoridades electas, designadas o de libre
nombramiento.
Una propuesta de la comisión sugería que las pruebas
físicas y mentales fuesen supervisadas por un médico externo, incluso nombrado
por los colegios médicos. Sin embargo, el sector médico rechazó esta opción y
mantuvo su demanda "innegociable" de eliminar dicha disposición.