El ministro Édgar Montaño se reunió ayer con las federaciones de choferes de La Paz y hoy viajará a Oruro para dialogar con representantes del sector que bloqueó las rutas hacia los puertos de Chile entre el 2 y 3 de junio. Con el lema “Yo soy la vía, yo soy el camino para cualquier solución en el tema del transporte”, Montaño intenta desactivar la amenaza de bloqueo de los camioneros que operan con carga nacional e internacional. Esta semana estableció mesas técnicas de diálogo, aunque la amenaza persiste.

La Cámara de Transporte Internacional ha mantenido la amenaza de bloquear las carreteras y cerrar las fronteras a partir del 17 de junio. Este sector ha rechazado las mesas técnicas y exige dialogar directamente con el presidente Luis Arce para abordar sus demandas y encontrar soluciones.

Simultáneamente, representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia cumplieron ayer dos días de marcha hacia La Paz. Partieron el lunes desde Patacamaya y esperan llegar el domingo a la sede de Gobierno tras recorrer 100 km. Ellos también buscan hablar con Arce.

“Hemos enviado varias notas al Gobierno y esperamos reunirnos con el presidente. Nuestro sector es grande, se está movilizando desde hace tiempo y solo hemos sido derivados a varias autoridades. Queremos conversar con el presidente para volver a la normalidad”, declaró el secretario de la Confederación Gremial, Édgar Álvarez, a EL DEBER. Álvarez es parte de la marcha a La Paz.

Las demandas principales son la irregular provisión de diésel y la alta cotización del dólar en el mercado paralelo, además de quejas contra la Aduana y la presión de Impuestos Nacionales.

El clima afecta la marcha

Hoy, la marcha gremial cumple su tercer día de movilización hacia La Paz en demanda de atención a su pliego petitorio, aunque ya se reportan bajas debido al clima del altiplano paceño. La movilización comenzó el martes en Patacamaya y pasó la noche en Ayo Ayo, soportando temperaturas bajo cero. “Evaluamos positivamente estas primeras horas de la marcha, pese a las bajas por el clima y el cansancio, auxiliados por la Cruz Roja”, explicó Álvarez.

Las bajas fueron causadas por ampollas, quemaduras solares y el mal de altura, especialmente entre los marchistas provenientes de Santa Cruz. La marcha, que comenzó con 150 personas, ahora reúne a 700.

Recibieron apoyo de los pobladores y afines del sector gremial a lo largo del recorrido. Además de la falta de dólares y combustibles, demandan la renuncia de los presidentes del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana, así como la abrogación del Decreto Supremo 4732 y la ley de facturación electrónica.

Diálogo con el presidente

El presidente Luis Arce confirmó que se reunirá con representantes del transporte pesado el sábado en la Casa Grande del Pueblo. “Este sábado sostendremos una reunión con varios sectores del transporte que ya han pasado por las mesas técnicas. Plantearon sus problemas, los ministros los atendieron y, por lo tanto, el presidente los atenderá”, afirmó.

Arce adelantó que se abordarán temas como las aduanas y el suministro de carburantes. “Atendimos rápidamente sus demandas y nuestros ministros conformaron los equipos necesarios para resolver sus peticiones”, indicó.

Criticó a algunos dirigentes del transporte pesado por exigir una reunión directa con él y no con otras autoridades. “No debería haber movilización a no ser que sea un tema político, porque todo se ha preelectorizado”, manifestó.

El transporte pesado bloqueó las principales rutas de la Red Vial Fundamental entre el 2 y 3 de junio, causando pérdidas diarias de $us 10 millones para el sector industrial y $us 26 millones para los exportadores.

Otros conflictos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) advirtió que la toma del pozo Yarará X2 puede generar una pérdida de $us 30 millones. Un contingente de 100 efectivos policiales se ha desplazado a la zona para vigilar y evitar mayores conflictos. Wilman Yabeta Viera, vicepresidenta de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, explicó que la toma del pozo, que comenzó ayer, retrasa la recuperación de condensado de petróleo, causando una pérdida diaria de más de 500 barriles, equivalentes a aproximadamente 300.000 bolivianos. La prolongación del cierre podría dañar la formación y la mecánica del pozo, incrementando las pérdidas económicas.